El juez Oscar Enrique Bejar Pereyra, presidente de la Segunda Sala Laboral de la corte de Arequipa, fue detenido el último jueves a las 23:50 horas por los presuntos delitos de peligro común, violencia y resistencia a la autoridad y desobediencia.
Según el parte policial, el magistrado fue intervenido por conducir ebrio y agredir a un agente policial.
El hecho ocurrió cuando agentes de la comisaría de Miraflores realizaban operativos de alcoholemia por el Ovalo Alameda Salaverry (Miraflores). Es así que observan el vehículo plaza V4K-610, conducido por Bejar quien al ser sometido a la prueba del alcoholímetro sale positivo.
El juez estaba acompañado de joven de 27 años quien no quiso identificarse.
Los agentes le solicitaron sus documentos para proceder a su traslado a la dependencia policial; sin embargo, el magistrado se opuso a la intervención y golpeó al suboficial PNP Víctor Hugo Leandro, primero en la nariz para después agredirlo con un puntapié.
El fiscal Jorge Ronald Minauro se constituyó a la dependencia policial para realizar las diligencias del caso. Minauro recepcionó un video donde se aprecian los hechos narrados.
Cabe resaltar que, si bien el alcoholimetro determinó positivo, el magistrado se negó a someterse al examen de dosaje etílico.
El titular de la segunda sala laboral, al cierre de este informe, permanecía en la carceleta de la comisaria de Miraflores, a la espera de los procedimientos del Ministerio Público.
ANTECEDENTES
En la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el magistrado Bejar Pereyra también tiene antecedentes disciplinarios.
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La Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura (Odecma), lo investigó por la liberación de las abogadas Hellen Aizcorbe y Katty de la Torre.
Ambas letradas fingían ser parte de la Contraloría, usando esa artimaña solicitaron dinero a varios alcaldes de Arequipa. Esto con el fin de supuestamente no difundir información que comprometería sus gestiones.
Incluso la Fiscalía abrió un proceso por coacción en su contra.
Pese a estos antecedentes, en octubre de 2016, el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), hoy Junta Nacional de Justicia, lo ratificó, en una cuestionada elección, en octubre de 2016.
Según se supo, el CNM consideró la apelación del magistrado al castigo impuesto suficiente como para no considerar el antecedente como negativo.
