A pocas horas de conocerse si el Proyecto Especial Majes Siguas será transferido al Gobierno central, un clima de tensión política se vive en torno a la decisión que tomarán los 14 consejeros regionales este lunes en sesión ordinaria, donde ya se anunció la presencia de diferentes organizaciones civiles de la provincia de Caylloma.
TE PUEDE INTERESAR: Arequipa: Gobernador Rohel Sánchez vuelve a cuestionar a la Contraloría por informes
El primero en poner la cuota de presión fue el alcalde provincial de Caylloma, Alfonso Mamani, quien exhortó a los consejeros de Caylloma, Osias Ortiz y Yesenia Choquehuanca a emitir un voto en contra de la transferencia, “hemos consensuado, con mucho respeto a los consejeros de la provincia y los catorce consejeros del Gobierno Regional, les invocó una vez más a que analicen sinceramente”, explicó.
En caso de que uno de los consejeros decida dar su brazo a torcer ante la transferencia, Alfonso Mamani señaló que el pueblo en su momento se pronunciará, “esperemos que no pasemos a mayores situaciones porque el pueblo y la provincia de Caylloma es bien unida (…) hasta hoy no se ha solucionado ninguno de los siete pedidos que tenemos”, sostuvo.
CUESTIONA
En medio de esta situación, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, es sindicado de conformar la presunta organización criminal “los puneños del Midagri”, donde se estarían favoreciendo a ciertas empresas en licitaciones de proyectos a cambio de coimas, según explicó Elvis Jump.
A este pedido se sumará la presión que ejercerá la presencia de diversas organizaciones civiles de Caylloma, las cuales fueron convocadas por el Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Caylloma este lunes a las 9:00 en las insolaciones del Consejo Regional de Arequipa en defensa de los recursos cayllominos.
En medio de toda esta situación, el abogado David Mayta Salluca exhortó a la Fiscalía a investigar por el delito de omisión de funciones al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, debido a la inacción ante la Ley 31710 (de marzo del 2023), que declaraba de necesidad pública, por riesgo inminente, el mantenimiento del sistema de aducción.
Esta norma nacional no es la única que buscaba poner en óptimas condiciones la infraestructura de la primera etapa del proyecto, asimismo, se dio la Ley 30991, que declaraba de interés nacional la construcción de la represa Siguas, sin embargo, el Ejecutivo regional se habría abstenido de solicitar presupuesto para lograr tal fin, afirmó Mayta Sullaca.
VIDEO RECOMENDADO
