Fiscal María Lozada: “La justicia tarda, pero llega”

Comenzó ayer(29 de octubre) la audiencia de apelación de la detención preliminar de los presuntos integrantes de la organización Los Hijos del Cóndor en donde estarían involucrados  el gobernador regional Elmer Cáceres, sus funcionarios y siete consejeros regionales.

“La Justicia tarda, pero llega”, dijo la fiscal María del Rosario Lozada cuando comenzó su exposición de motivos.  Pero no fue la única frase que llamó la atención, más adelante, el gobernador  apeló a su verbo y lanzó acusaciones contra su antecesora Yamila Osorio, Juan Manuel Guillén Benavides, la consejera Crhiss Díaz y otros personajes.

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Descripción de los roles

El Ministerio Público detalló los roles que cumplía cada integrante de la red criminal  para concertar decisiones en el Ejecutivo y Legislativo regionales para favorecerse.  Los aparentes delitos son organización criminal, cohecho pasivo impropio y cohecho activo genérico.

La hipótesis que la Fiscalía sostiene es que Cáceres Llica fue quien constituyó la red criminal, era el encargado de dirigir y supervisar los hechos ilícitos porque  tenía la facultad de designar y cesar a sus gerentes y funcionarios, así como de proponer y ejecutar el presupuesto participativo regional aprobado por el Consejo Regional de Arequipa (CRA). Por ello, patrocinaba el ofrecimiento de dádivas como dinero, obras y parcelas, para que los consejeros se sumen al oficialismo.

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Intervención de los funcionarios

En la exposición de la fiscal Lozada, Gregorio Palma, gerente general y hombre de confianza de Cáceres, habría reforzado y avalado los actos irregulares en el GRA, debido a que tenía conocimiento del ofrecimiento de terrenos y obras públicas a los legisladores.

Siguiendo los argumentos fiscales, Leodan Llayqui, representante del gobernador ante la Comisión Anticorrupción de Arequipa, cooperaba con los ofrecimientos efectuados por el gobernador para lograr el apoyo de los siete consejeros aliados. Javier Rospigliosi, jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento, avaló los ofrecimientos y también se habría beneficiado con un terreno de 5 mil metros cuadrados en Majes. Además, su incorporación al directorio de Sedapar habría sido consensuado con el apoyo de los consejeros.

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Mientras que el gerente del proyecto Majes Siguas, Napoleón Ocsa, habría colaborado y ejecutado con el ofrecimiento de terrenos en proyectos agroindustriales viables y sujetos de inversión privada en su infraestructura agraria, tales como Pampas Bayas y el Sol Radiante (Majes). Así también, Rolando López, jefe de la oficina de Ordenamiento Territorial, aprovechando su cargo evocaba contratos en beneficio de personas allegadas a la red criminal, de las cuales 8 serian parte de una planilla dorada. Por su parte, Augusto Palaco, gerente de asesoría jurídica, era el brazo legal de la organización. Se encargaba de formular contratos, resoluciones, convenios y además con terceros. De esta manera no se verían involucrados por pertenecientes a la red criminal. En tanto, Edwin Esquivel, consultor del GRA, era quien entregaba dinero y regalos a los consejeros aliados. Sumas de hasta 10 mil soles y licores.

Los consejeros Wuilie Ayñayanque, Santiago Neyra, Jeymi Flores e Israel Zúñiga son imputados por similares hechos. Se alinearon a las filas de Cáceres para favorecer su gestión a cambio de recibir diferentes dádivas.

Otros involucrados de relevancia que no están incluidos en el pedido de apelación de detención son Marcelo Córdova, director ejecutivo de Copasa, quien estaba concordancia con las políticas impartidas por el gobernador. Como director de Copasa y durante su gestión en la gerencia de Autodema, logró salvarse de interpelaciones presentadas por sus malos manejos en sus gestiones.

Así como, Richard Calvo, gerente de desarrollo del proyecto Majes Siguas, continuó con la política criminal siendo favorecido con parcelas en Majes.

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Intervención de la defensa

Pero sin duda, la parte más llamativa de la audiencia, que duró aproximadamente ocho horas, fue cuando los acusados tomaron la palabra para defenderse.

Cáceres Llica dijo ser marginado por ser provinciano y hasta mencionó el color de su piel. Inclusive le increpó a la fiscal que nunca fue coimeado ni recibió una parcela.

El consejero Ysrael Zúñiga por poco se quiebra al defenderse de las acusaciones.

Apenado dijo que le costó 26 años forjar una imagen que hoy se ha tirado a la basura, juró por sus hijos y su familia que jamás recibió dinero y terrenos. Lo único que espera que se haga justicia y que pueda recuperar ese nombre que se hizo cuando era el héroe en el FBC Melgar. (Ver infografía)

Las defensas legales de Cáceres, Palma, Llayqui y Zúñiga coincidieron en señalar que los indicios imputados a sus patrocinados carecían de solidez para ameritar una detención. “El análisis no es profundo como se exige y también tenemos ausencia de motivación”, sostuvo Alex Montes, abogado de Cáceres.

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No hay sustento

En entrevista, el letrado Santiago Mendoza, miembro del estudio jurídico  Mendoza Flores y Asociados, alegó que no existe la motivación para haber solicitado y aprobado la detención de los 20 sospechosos.

En el caso de su patrocinado, Napoleón Ocsa, dijo que se le acusaba de aprobar un decreto para el uso de terrenos para una asociación, pero esta quedó nula porque no se cumplieron con los lineamientos que se fijaron en el decreto.

Para el Ministerio Público, las grabaciones obtenidas por el agente especial donde se escucha al gobernador ofrecer parcelas a los consejeros son sospechas suficientes para mantener detenido a Cáceres mientras que la Fiscalía continua las investigaciones.

Se advirtió que, dado a su puesto como máxima autoridad de la región, su liberación puede causar interferencia en las indagaciones.