La capacidad de respuesta y gestión del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) frente a situaciones de emergencia vuelve a ser cuestionada. Actualmente, la entidad mantiene una deuda superior a los S/8 millones con ocho proveedores que ejecutaron actividades de emergencia entre 2024 y 2025.
Uno de los casos más representativos es el del Consorcio Paytiti G.M., encargado de la descolmatación de ríos en cinco sectores de los distritos de Tipán y Pampacolca, en la provincia de Castilla. El servicio fue ejecutado en junio de 2024 por un monto de S/ 1 millón 674 mil 700, pero la regularización del contrato recién se concretó en diciembre de ese mismo año.
La regularización fue aprobada mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.° 739-2024-GRA/GR, suscrita por el gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, el 19 de diciembre de 2024. Este procedimiento debió realizarse dentro de los 20 días posteriores al inicio del servicio. Asimismo, se dispone la adopción de acciones para determinar responsabilidades por la demora en el trámite. El portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas no contiene algún desembolso a favor de la empresa.
La situación se repite con otras 12 actividades de emergencia ejecutadas entre abril y agosto de 2025. Hasta la fecha, los proveedores aseguran no haber recibido ningún giro por los servicios prestados, por lo que presentaron un memorial solicitando una audiencia urgente con las autoridades regionales y el cumplimiento de los pagos pendientes.
El documento fue ingresado el pasado 13 de agosto por mesa de partes. Entre los afectados figura Florencia Aquepucho Hacha, representante de la empresa Ecogein Los Girasoles VC S.R.L., que ejecutó dos intervenciones de emergencia en los sectores de Jardines de Chipipampa, Llachacchani, Vino Pascana y Pucacancha, en el distrito de Chilcaymarca. El monto adeudado asciende a S/2 millones 445 mil 303.94.
Según relató la empresaria, los trabajos culminaron en abril de 2025; sin embargo, la regularización de la contratación recién se concretó entre julio y agosto de ese año, mientras que la firma de los contratos se efectuó en diciembre. Aquepucho señaló que las primeras gestiones para obtener el pago se realizaron ante el entonces gerente regional de Gestión del Riesgo de Desastres, José Luis Barrezueta Reyes. No obstante, su reemplazo por Juan Francisco Portilla Alvarado, en octubre de 2025, terminó prolongando aún más el proceso.
CAMBIO DE FUNCIONARIOS RETRASÓ LOS TRÁMITES
La contratista sostuvo que la situación no mejoró con la llegada de Portilla Alvarado, a quien responsabiliza por la demora en la emisión de las actas de conformidad de los servicios ejecutados. Esta situación motivó protestas de proveedores en la sede del Gobierno Regional a finales de 2025 y durante las primeras semanas de 2026.A raíz de estas manifestaciones, la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres dispuso una nueva verificación de los trabajos realizados antes de emitir las respectivas conformidades. Sin embargo, los constantes cambios de funcionarios volvieron a dilatar el proceso. Portilla Alvarado fue reemplazado posteriormente por José Antonio Carrera Paulette.
Tras varios meses de espera, los proveedores obtuvieron finalmente las actas de conformidad el 10 de junio de este año. Sin embargo, más de dos meses después, el Gobierno Regional de Arequipa aún no efectúa los pagos correspondientes.
Otro de los casos involucra a las empresas R.N.S.G.CH E.I.R.L. y Grupo Ttito Constructora & Consultora, que ejecutaron cuatro actividades de emergencia por un monto total de S/ 1 millón 204 mil 500.
Los trabajos se desarrollaron entre abril y mayo de 2025 en los distritos de Andaray, en la provincia de Condesuyos; Choco, en Castilla; y Cabanaconde e Ichupampa, en Caylloma. Al igual que en otros casos, la regularización de las contrataciones se efectuó entre julio y agosto, mientras que los contratos fueron firmados recién en diciembre de ese año.
A diferencia del expediente correspondiente al servicio ejecutado en 2024, cuya regularización fue aprobada directamente por el gobernador regional Rohel Sánchez, los contratos vinculados a las actividades de emergencia de 2025 fueron suscritos por la Gerencia General Regional, entonces encabezada por Johan Cano Pinto.
- Los proveedores afectados sostienen que, pese a haber cumplido con los servicios requeridos, continúan esperando el pago de sus prestaciones, en algunos casos 2 años.
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