En mayo, el gobernador Rohel Sánchez denunció la presunta operación de mafias externas al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), pero que tendrían injerencia al interior de la entidad. En ese entonces, el mensaje fue poco claro porque no precisó si se había continuado algún proceso legal para mermar con las mismas ni mucho menos las identificó.
Poco más de cinco meses después, el coordinador de la Unidad Funcional de Integridad, del GRA, Andy Phillipps, explicó que la referencia que realizó Sánchez se ha cristalizado en 23 denuncias que estarían en manos de la Fiscalía. El funcionario señaló que los cargos de estas denuncias fueron trabajados en los primeros meses de la gestión e incluso algunas derivarían de informes elaborados en otras gestiones. “Se han venido acumulando”, dijo.
El funcionario evitó brindar mayores detalles, aunque sí precisó que se tratan de casos relacionados directamente con las afirmaciones de Sánchez, quien, durante los primeros meses del año, deslizó la posibilidad de actos de corrupción en áreas como transportes y salud. “Cada denuncia sigue su curso”, precisó Phillipps.
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Al respecto, el representante de la Oficina Defensorial de Arequipa, Ángel María Manrique, explicó que el caso amerita que Phillipps sea citado ante la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa (CRAA), toda vez que la Unidad de Integridad del GRA debe rendir cuentas. Explicó que el objetivo es conocer al detalle los procesos y a quiénes se involucra.
“Esa información debe ser transparentada, cuando suceda eso se va ir recuperando la confianza de la población porque se verán acciones, respuestas y que las autoridades están cumpliendo con su función. Por el contrario, cuando no se informa ello y no se comunica a la población, se está fomentando la desconfianza”, dijo.
MÁS DENUNCIAS
Por otro lado, Phillpps señaló que la Unidad de Integridad ha recepcionado 30 a 40 denuncias ciudadanas por presuntos actos irregulares al interior de la entidad. En su mayoría, los casos ingresaron a través de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público (administrada por la PCM) y, luego de realizar un filtro de admisibilidad, son derivadas a los órganos competentes.
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Así, se sabe que cinco casos fueron derivados a la Fiscalía Anticorrupción, cinco a la Oficina Regional de Control Institucional y 15 se quedaron en manos de la Secretaría Técnica. “(Por ejemplo, hay casos referidos a transportes. No queremos investigar y sancionar, no es nuestra función, pero nosotros hemos conocido que algunos evaluadores de las prácticas de manejo en el circuito que está en Guardia Civil con Kennedy, no estaban identificados y si alguien está siendo víctima de una especie de fraude en la práctica de manejo, no puede identificar al evaluador hizo trampa o le engañó, por eso se pide que se identifiquen. También se está renovando al equipo de evaluadores”, dijo.
Otro sector en materia de análisis es salud, donde se ha detectado diversos riesgos de corrupción. Para ello, se toma en cuenta las quejas de los pacientes. Pese a todo ello, Phillpps señaló que no tiene certeza si se realizó el cambio de algunos funcionarios por indicios de corrupción.
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