JNE decidirá si Alfredo Zegarra asume la gobernación de Arequipa si gana las elecciones (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
JNE decidirá si Alfredo Zegarra asume la gobernación de Arequipa si gana las elecciones (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Alfredo Zegarra Tejada enfrentaría una evaluación legal antes de asumir la Gobernación Regional de Arequipa, si gana las elecciones regionales del próximo 6 de diciembre. Una reciente respuesta de SERVIR confirmó que el candidato mantiene una sanción administrativa de destitución e inhabilitación vigente hasta septiembre de 2027, pero otro informe técnico de la misma entidad señala que este tipo de sanciones no puede restringir derechos políticos ni impedir el acceso a cargos obtenidos mediante elección popular.

La controversia surge a raíz de la Carta N.° 000141-2026-SERVIR-DDSRH, mediante la cual SERVIR confirmó que Florentino Alfredo Zegarra Tejada figura en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles con una sanción de destitución impuesta por la Universidad Nacional de San Agustín. Según la entidad, la medida tiene vigencia desde el 10 de septiembre de 2022 hasta el 9 de septiembre de 2027 y le impide prestar servicios al Estado durante ese periodo.

En ese mismo documento, SERVIR recordó que la rehabilitación penal no elimina automáticamente los efectos de una sanción administrativa y señaló que no le corresponde determinar si dicha inhabilitación alcanza a un cargo de elección popular. Esa competencia, precisó, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sin embargo, la propia entidad estatal había desarrollado este tema en el Informe Técnico N.° 001001-2023-SERVIR-GPGSC, documento citado en la carta de respuesta. En dicho informe, SERVIR analiza los alcances de las sanciones administrativas aplicadas a autoridades elegidas por voto popular y concluye que estas no pueden restringir derechos políticos como elegir, ser elegido o acceder a cargos públicos mediante procesos electorales.

Para sustentar esta posición, la entidad recoge criterios del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según los cuales una sanción administrativa no puede convertirse en una limitación al derecho de participación política de los ciudadanos.

El informe va incluso más allá. Señala que, si una persona elegida mediante voto popular mantiene una sanción administrativa de inhabilitación por hechos cometidos antes de convertirse en autoridad, la sanción puede mantenerse vigente, pero su ejecución debe suspenderse mientras dure el mandato obtenido en las urnas. Recién al término de ese periodo los efectos de la medida volverían a ser plenamente eficaces.

Bajo esa interpretación, una eventual victoria electoral de Alfredo Zegarra Tejada no necesariamente impediría que asuma la Gobernación Regional de Arequipa. No obstante, al tratarse de un caso concreto, la decisión final corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones, organismo que tendrá que determinar si la sanción administrativa vigente es compatible o no con el ejercicio del cargo de gobernador regional.

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