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El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, continuará en detención preliminar por el caso Los Hijos del Cóndor.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó ayer (31 de octubre) la resolución que ordenó el arresto contra la autoridad regional que vence el lunes 1 de noviembre. El mismo día hasta las 23:00 horas el Ministerio Público tiene plazo para que presente el pedido de prisión preventiva contra la autoridad en tanto siguen las investigaciones.
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Existen razones creíbles
Los jueces Carmen Lajo, César de la Cuba y Jaime Moreno, concluyeron que existen razones creíbles para la detención preventiva de Cáceres. Y es que tomaron en cuenta los argumentos fiscales, por lo que señalaron que consideraron en su decisión que “La entrega de beneficios si se tiene dentro del parámetro de razones plausibles de comisión de delito (...) En cuanto a que la testigo provoque el delito (como señaló la defensa), al respecto de las conversaciones evaluadas por el juzgado, no se aprecia provocación ni instigación a la comisión de un delito”.
Al cierre de este informe, Cáceres continuaba en la carceleta de la Corte de Justicia de Arequipa, en el Cercado, a la espera de ser trasladado a la sede de la Policía Anticorrupción en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.
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Hicieron una recusación
Culminada la lectura de la resolución contra la autoridad, el abogado defensor de Ronaldo López Chire, jefe de la Oficina de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional, recusó a los tres jueces de la sala, argumentando que los magistrados adelantaron opinión al resolver la apelación de Cáceres.
Con este pedido se buscaba apartar del caso a los jueces para que se nombre a otros en su reemplazo.
La sala no aceptó el pedido, precisando que desde el pasado viernes 29 se dictaron las pautas de la audiencia, sin observaciones de las partes. En consecuencia, se derivó el pedido a la Cuarta Sala Penal de la Corte de Arequipa, que deberá de resolver la recusación en las próximas horas. En tanto, se programó para el próximo 1 de noviembre la continuación de las audiencias de apelación de los demás investigados.
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Vieron las apelaciones
Los magistrados vieron ayer las apelaciones del gerente de Autodema, Napoleón Ocsa Flores y el gerente de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, Javier Rospigliosi Vega.
Ocsa en su intervención ante la sala no pudo evitar sollozar mientras negaba haber recibido órdenes del gobernador y pidió libertad “para velar por sus tres hijos”. La Fiscalía sostiene que el funcionario cedió en uso 241.99 hectáreas de Autodema a la Asociación de Productores Sol Radiante de Majes con el fin de entregar terrenos a trabajadores de Autodema y los consejeros aliados a la gestión del gobernador.
En su defensa, Ocsa señaló que la oficina ha dado más de 20 cesiones de uso a entidades públicas y privadas bajo trámite regular.
En la audiencia de apelación intervino el abogado del gerente de Planificación, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, Javier Rospigliosi Vega y refutó todos los indicios señalados por la Fiscalía contra del funcionario, a quien excusó para no estar presente en la sesión.
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Pero, según grabaciones y chats de WhatsApp que forman parte de la investigación del Ministerio Público, se sospecha que los consejeros habrían concertado el ingreso del funcionario como presidente del directorio de Sedapar con el fin de que, desde la entidad, pueda hacerles favores. La Fiscalía estima que Rospigliosi llegó al directorio y designó luego a Richard Calvo como gerente general de empresa. Calvo es otro hombre de confianza del gobernador. También está incluido en las investigaciones.
Además, la tesis fiscal considera que Rospigliosi habría recibido terrenos por estar en el grupo de funcionarios de la autoridad regional. Esto se podría corroborar con planos encontrados en el grupo de WhatsApp de los legisladores llamado Los 7 amigos de Arequipa.
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