Seguirán proceso pero en libertad. (FOTO: GEC Archivo)
Seguirán proceso pero en libertad. (FOTO: GEC Archivo)

Los cinco investigados del caso Los correcaminos del sur, quienes se encontraban con prisión preventiva o detención domiciliaria, fueron liberados, pero no podrán salir de la ciudad, ni el país, porque el juez dispuso la comparecencia con restricciones hasta que termine el juicio oral.

La fiscal Marita Cueva Ojeda, de la Segunda Fiscalía Superior penal de Apelaciones, solicitó la comparecencia con restricciones para asegurar que Christian Humberto Motta Contreras, investigado por el presunto delito de apropiación ilícita para delinquir; José Gamarra Vázquez, Juan Guillermo García Velázquez, Abraham Mendoza Aco y Gabriel Almonte Concha, todos investigados por el delito de asociación ilícita y otros delitos, cumplan con responder a la justicia.

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Solo Christian Motta Contreras se encontraba internado con prisión preventiva, los demás se encontraban con detención domiciliaria, debido al riesgo por la pandemia de la COVID-19.

El magistrado José Málaga Pérez, del sexto Juzgado de Investigación preparatoria de delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso que no pueden cambiar de domicilio sin autorización del juzgado. También prohibió la comunicación con los testigos, entre las partes, además, cada mes acudirán a firmar su asistencia ante el sexto Juzgado. Asimismo, cada investigado debe pagar una caución de 15 mil soles.

RESPONSABILIDADES

José Gamarra Vásquez fue considerado como el cabecilla de la presunta organización criminal, porque se desempeñaba como gerente regional de Transportes desde el año 2015 y se beneficiaba con los presuntos cupos que cobraban los trabajadores de la Gerencia.

Christian Motta, en su condición de subgerente de transportes desde el 2017, habría percibido dinero por firmar resoluciones autoritarias a favor de empresas para que circulen, pese a que no era de su competencia.

Juan Guillermo García era jefe de Transporte Interprovincial y según la carpeta fiscal, era el encargado de solicitar y recepcionar el dinero de los transportistas y canalizaba los cupos.

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El Ministerio Público no presentó hasta ayer ningún requerimiento de acusación contra los implicados, entre ellos la exgobernadora Osorio Delgado.

El juez José Málaga le dio 5 días a la fiscal Marita Cueva para que concluya la investigación y presente la acusación para llevar a juicio a los implicados.

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