El sector de la micro y pequeña empresa (mype) en la región Arequipa apuesta por la reactivación económica y rechaza participar en las protestas convocadas para este miércoles 19 de julio en el país. Los microempresarios mantienen esta perspectiva principalmente tras las afectaciones que sufrieron por las manifestaciones registradas entre los meses de diciembre y enero, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Julio Cáceres.
“Nosotros mantenemos reuniones con ellos permanentemente, ellos han sido muy perjudicados, recordemos que las protestas de diciembre ocurrieron a pocos días de la Navidad, entonces han sido muy afectados (...) Ahora piden que se respete el derecho al trabajo, derecho a transitar y obviamente el derecho a respetar lo que la ciudadanía solicita”, agregó.
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El representante del gremio de empresarios recordó que en las primeras manifestaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte terminaron causando una contracción de 2.5% en el PBI regional de Arequipa. Esto se recoge de una afectación generalizada, donde los más perjudicados fueron los pequeños empresarios, dado que sus ingresos son del ‘día a día’.
Asimismo, estimó que hay más de 99 mil mypes en Arequipa y el sector manufactura fue el más afectado por acciones como el bloqueo de vías, el ataque a la propiedad privada y, en algunos casos, el amedrentamiento a los empresarios que pretendían seguir laborando. “Si hay actos como los de hace meses atrás, van a seguir siendo los más perjudicados”, añadió.
Similar opinión sostuvo la viceministra de Mype e Industria de PRODUCE, Carla Sosa, quien señaló que ha recogido la percepción del sector privado a través de distintas reuniones presenciales y virtuales a finales del mes de junio. En estas citas, la conclusión fue la misma, el clamor de los pequeños, medianos y grandes empresarios es que se garantice el derecho del trabajo.
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“Nosotros somos respetuosos del derecho que tienen los ciudadanos a realizar las protestas, pero se pide que sean intervenciones que no dañen la infraestructura pública, la propiedad privada y que tampoco se afecte la seguridad de la población”, añadió.
En efecto, este diario salió a consultar la opinión de algunos microempresarios de la ciudad, quienes consideran que es necesario que se garantice su seguridad durante los momentos de inestabilidad social que presenta el país. El presidente de la Feria Jerusalén - Jesús de Nazareth del distrito de Yanahuara, Erick Flores Ramírez, señaló que en su asociación reúne a un promedio de 50 emprendedores y, durante las protestas, cada uno perdió hasta S/1000 al mes.
Los pequeños comerciantes percibieron una considerable baja en las ventas a causa de la incertidumbre social que causaban las marchas. Esto último porque a inmediaciones del lugar hubo ataques vandálicos a empresas cercanas a la feria. “No queremos que vuelva suceder estas marchas porque nos perjudican mucho, nosotros queremos trabajar tranquilamente y que los clientes puedan venir acá (...) estas manifestaciones son absurdas no llevan a nada”, dijo.
María, comerciante del Centro Comercial Yanahuara, señaló que el temor de los pequeños empresarios es que se presenten afectaciones tratándose de la campaña de Fiestas Patrias. Recordó que el panorama se percibe similar al vivido en diciembre del año pasado, dado que las protestas frustraron la campaña navideña y verano.
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Frente a estos nuevos anuncios de protestas, el presidente de la CCIA, Julio Cáceres, exhortó al Ejecutivo y a los manifestantes a iniciar un proceso de diálogo. Señaló que su gremio se ha propuesto a ser un ‘facilitador del diálogo’, por lo que invitó a ambas partes a participar de este proceso.
“Antes que decisiones de carácter político, hay temas de abordaje económico donde los más pobres están sintiendo la falta de atención del Estado (...) hay que dialogar, hay que escucharnos, el Ejecutivo tiene sus niveles de responsabilidad, el Legislativo también, aunque lamentablemente ni se han escuchado pronunciamientos claros y concretos y creo que nuestras autoridades políticas tienen que pronunciarse”, dijo.
Con la presencia del Comité de Conflictos en la región y los representantes de la Defensoría del Pueblo se dio importancia al resguardo de las personas que transitan por zonas de riesgo, como por ejemplo el aeropuerto Rodríguez Ballón, para que no resulten afectados. Lo que se espera es que no haya obstaculizaciones para la movilización de las personas desde el terminal aéreo ni en las carreteras para que no perjudiquen las actividades del sector empresarial y el turismo en la región.
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