Mineros que causen conflictos se quedan sin formalización

La formalización minera es aún un problema para el gobierno, pese a que el presidente Pedro Castillo señaló ayer en su mensaje que se ha terminado la Primera Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, así como la exclusión de la formalización a aquellos que no desarrollen sus actividades en forma pacífica. Castillo precisó que esta medida se tomó, a raíz de las muertes ocurridas en Atico, Caravelí.

El Decreto Supremo 008-2022-EM excluye de la formalización a las asociaciones que vulneren los derechos de la vida, la seguridad y salud de las personas o se dañe las instalaciones públicas y privadas. En las medidas complementarias del Decreto, se faculta a las Gerencias de Energía y Minas a aprobar medidas complementarias para aplicar esta exclusión.

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CUESTIONAN DECRETO QUE FACULTA A GERENCIAS PARA LA EXCLUSIÓN DE MINEROS

Sin embargo, según el asesor de mineros artesanales, Nilson Flores, esta norma es torpe y mal elaborada, porque la ley debe ser uniforme para todos. No se le puede facultar a cada gerencia regional de Minas establecer sus propios criterios para retirarlos de la formalización, explicó. Siendo así, este decreto podría ser retirado o emitirse uno complementario.

En ese mismo sentido, el presidente del Consejo Regional de Arequipa, José Luis Hancco, manifestó que la norma no considera el caso en que el conflicto sea generado por una gran o mediana minería, como fue de Intigold en Atico.

Cabe recordar que estas mineras o concesiones fueron autorizados por el Ministerio de Energía y Minas. A ello se suma que las gerencias no cuentan con el personal, ni las herramientas para las fiscalizaciones, como se demostró con la situación de Calpa Renace y Atico Calpa, que no se realizaron las fiscalizaciones por falta de personal.

El Gobierno tuvo que disponer la presencia policial y decretar estado de emergencia para garantizar el orden, pues la comisaría del sector no era suficiente.

Tanto para el especialista como para el consejero, no existen mecanismos claros y el Ejecutivo, en los próximos días, deberá dar mayores luces sobre la normativa.

Ambos personajes dijeron que la medida de emergencia en Atico no sirvió de mucho, solo para paralizar de momento los ataques, pero no se aclaró la situación legal de cada asociación minera.