La vida de una niña de apenas 10 años que resultó embarazada, víctima de una violación, se encuentra en grave riesgo debido a la falta de una respuesta médica oportuna y diligente, advirtió la Defensoría del Pueblo, que ha solicitado la inmediata intervención del Ministerio de Salud.
El 16 de diciembre del año pasado se conoció que el minero Roger P. H. había abusado de su hijastra en la vivienda que compartían en el anexo de Alto Molino, en Camaná. El embarazo de la menor se conoció luego de la atención médica recibida en la posta del lugar, a donde fue llevada por su profesora. Dos días después, la menor fue referida al hospital de Aplao, en Castilla, donde los médicos confirmaron que tenía 21 semanas y 5 días de gestación y diagnosticaron un embarazo de alto riesgo.
De acuerdo con la Guía Técnica Nacional para la interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica, el aborto terapéutico procede en embarazos menores de 22 semanas cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar un daño grave y permanente en su salud. En este caso, pese a tratarse de una gestación de alto riesgo en una niña cuyo cuerpo no está preparado para un embarazo, la evaluación médica se dilató en extremo.
DEMORA EN EVALUACIÓN DE JUNTA MÉDICA
La Defensoría informó que la Junta Médica recién fue convocada el 9 de enero del presente año, cuando la gestación ya había superado las 22 semanas. En ese momento, los profesionales concluyeron que no era recomendable proceder con la interrupción del embarazo, argumentando que el caso ya no se encontraba dentro del marco de aplicación de la Guía Técnica Nacional y que, además, no existía una solicitud expresa de la menor ni de su representante legal.
Frente a esta decisión, la Defensoría del Pueblo precisó que el marco jurídico nacional es claro al señalar que los establecimientos de salud tienen la obligación de informar, orientar y actuar de oficio cuando existe un riesgo para la salud integral de la gestante, especialmente en niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, sin condicionar la atención a una solicitud formal.
La entidad remarcó que en el estado en el que se encuentra la menor se incrementa significativamente el riesgo de complicaciones graves e incluso puede ocurrir su muerte. En ese contexto, advierte que la demora de los médicos en la evaluación y toma de decisiones constituye una falta de debida diligencia que debe ser investigada.
Por ello, instó al Viceministerio de Salud Pública a disponer de manera inmediata las investigaciones que correspondan para determinar responsabilidades funcionales y aplicar las sanciones que el caso amerita.
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