A través de la carta MS2-CAS-MEF-CAR-010, la Concesionaria Angostura Siguas (Cobra) solicitó nuevamente el inicio de un trato directo con el Gobierno Regional de Arequipa ante el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) por el proyecto Majes Siguas II. El pedido se realizó el 20 de septiembre pasado, bajo una serie de condicionamientos que buscan, entre otras cosas, reconocer al concedente como principal culpable de la terminación anticipada del contrato.
Sin embargo, este proceso no sería factible y tendría resultados infructuosos, como ocurrió en abril de este año, tras la culminación del primer proceso de trato directo ante el referido sistema del Estado, recordó el asesor legal de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Juan José Valverde. En ese entonces, la empresa española planteó imputaciones similares a las que advierte en sus últimas comunicaciones.
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“El proceso inició en noviembre del 2022, la concesionaria solicitó el trato directo sobre el incumplimiento de obligaciones atribuibles al concedente, es decir, al Estado Peruano representado por el Gobierno Regional. Sicreci solicita información, traslada este pedido al concedente que inicia información al respecto en relación con el cumplimiento de obligaciones, tienen algunas reuniones y al final, en el mes de abril, culminados los 6 meses de trato directo, Sicreci dice que no se ha llegado a ningún trato directo en relación con lo solicitado por la concesionaria y los puntos divergentes entre ambas partes”, agregó.
El funcionario recordó que el privado tenía la viabilidad legal para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional tras las conclusiones de Sicreci, pero no lo hicieron. Poco más de cinco meses después, con dos procesos de caducidad en marcha y una solicitud de arbitraje de derecho convocada por el Gobierno Regional como concedente del proyecto, ante la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Cobra peticiona nuevamente un trato directo y con condiciones que son evidentemente rechazadas por el Gobierno Regional.
En ese sentido, Valverde calificó la solicitud de Cobra como ‘repetitiva’ y ‘absurda’, considerando hubo comunicaciones previas como la carta N° MS2-CAS-GRA-CAR-359, donde el privado cierra toda posibilidad de trato directo y da pie a la terminación anticipada del contrato. “Nosotros hicimos descargos el 9 de agosto como contestación al incumplimiento de obligaciones graves a nosotros. Nosotros planteamos como solución el trato directo. Ellos dicen que no, los tratos directos con ustedes fueron infructuoso, no más trato directo”, recordó.
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Otro aspecto a considerar en este peculiar pedido sería el estado actual del proceso arbitral de derecho que inició la Procuraduría Pública Regional ante la CCL; así como la objeción de Cobra al proceso, toda vez que el Sicreci debe emitir opinión. Autodema ha remitido todas las cartas cursadas entre ambas partes y los dos procedimientos de caducidad de contrato, que también es materia de evaluación. “Aceptar el trato directo, cuando se ha solicitado ese trato directo y ha sido denegado por la concesionaria, ya restaría de poder hablar de un trato directo hoy, es infructuoso como ellos mismos lo han dicho”, agregó Valverde.
Al respecto, el presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Miguel Ángel Linares, consideró que el pedido del trato directo solicitado por Cobra es ‘una burla’, considerando que el privado ya había cerrado esta posibilidad. “Lo que está queriendo hacer Cobra es torearlos (al Gobierno Regional y Autodema), pide que haya diálogo, cuando ellos mismos dijeron que no quieren”, señaló agregando que solicitar un diálogo es innecesario, dado que el proceso se puede retomar en cualquier momento y no necesariamente ante el Sicreci.
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En otro momento, Valverde se pronunció respecto al arbitraje de derecho no cuantificable que solicitó la Procuraduría ante la CCL, indicando que la medida es válida, toda vez que se trata de resolver las controversias por las imputaciones contractuales que señaló Cobra en contra del concedente. Recordó que el privado objetó la competencia de la Cámara de Comercio sobre este caso, solicitando incluso que el gremio se abstenga de intervenir.
Los argumentos de Cobra advierten que el arbitraje sí sería cuantificable por el monto de indemnización que solicitan y piden que se resuelva ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). No obstante, cabe señalar que la admisión de la primera solicitud de arbitraje aún viene siendo evaluada por el Consejo Superior de Arbitraje de la CCL. Este lunes 16 de octubre se presentará los alegatos de la Procuraduría Pública de Arequipa para que continúe el proceso. Tras esto, restan 30 días de plazo para que haya un pronunciamiento del gremio de empresarios.
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