Elmer Cáceres Llica: No hallan los celulares del gobernador de Arequipa

Nuevos indicios por parte de la Fiscalía y Policía Anticorrupción ponen en aprietos al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. La Fiscalía señaló ayer en la audiencia para ver su prisión preventiva, que durante su intervención el pasado 22 de octubre en la noche, ni en sus viviendas, ni en sus pertenencias personales, se le encontró algún celular, ya sea personal o de la propia Región.

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Esto fue expuesto ayer en la noche por el fiscal Arturo Valencia como uno de sus argumentos para señalar que existe un peligro procesal de obstaculización de parte de Cáceres Llica, quien es sindicado como el líder de la organización criminal Los Hijos del Cóndor, en donde están involucrados funcionarios de su gestión y consejeros regionales.

DETALLE DE LA DILIGENCIA

“Al momento de realizarle la intervención, al registro personal no se le encontró ningún celular, tampoco en el allanamiento a su domicilio (Cerro Colorado) así como en el de sus padres (Chivay), ahí tampoco se encontraron equipos celulares, ello no resultó coherente porque estamos hablando de una autoridad regional que por su función no solo debe tener un celular personal, sino además uno de la Región”, expuso el fiscal en audiencia.

Esto traería a la sospecha que antes de que Cáceres sea detenido, haya desaparecido los celulares para evitar que sean incautados y analizados.

Con respecto a los arraigos, el fiscal no discutió la responsabilidad familiar y su lugar de residencia, pero sí puso en evidencia que podría fugar debido a que no cuenta con un trabajo conocido, además del de gobernador regional, que “usó indebidamente”.

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El acusador público considera que el gobernador podría fugar al extranjero, pues de acuerdo a su reporte de salidas del país, según Migraciones, realizó diversos viajes a Europa y Latinoamérica, como Venezuela, Cuba, Argentina, Brasil, España, entre otros. Todos estos hasta 2014.

A esto se suma la prognosis de pena, pues a la máxima autoridad regional se le imputan los delitos de crimen organizado y cohecho.

El primero se sanciona con prisión de 20 a 25 años, mientras que el segundo requiere hasta 4 años de cárcel.

En ese sentido, Cáceres podría ser condenado de 22 a 31 años de prisión, una vez que culmine el juicio oral.

El fiscal reveló ayer también como prueba la declaración voluntaria del exasesor legal Augusto Palaco, quien detalló el 23 de octubre ante el fiscal la presunta entrega de una parcela de Sol Radiante.

“El gobernador me ordenó que emita un memorándum, que solo se puede disponer las tierras de Majes previo informe de Asesoría Legal y autorización de Gerencia. Napoleón Ocsa (Gerente de Autodema) va a mi oficina entre enero y febrero, me dice que hubo otra sesión de uso de tierras, me dijo que se trataba de Sol Radiante, que era de los trabajadores de Autodema y que la opinión de Asesoría Legal le daría cierta tranquilidad”, oralizó el fiscal.

Es así que se da la Ordenanza 461, la cual fue observada por Palaco con respecto a la disposición de terrenos, su informe lo llevó al propio gobernador regional, quien firmó el expediente. No obstante, días después, la autoridad regional, así como algunos consejeros, le reclamaron porque su evaluación culminó con varias observaciones.

“Le puse en despacho varios oficios, y comenzó a firmar sin mayor revisión, no se demoró ni 20 minutos. A los dos días me cuestiona el porque observamos la ordenanza, me dijo que eso iba a traer un conflicto social”, agregó.

Audiencia. La audiencia fue suspendida ayer en la noche y continuará hoy en la mañana. Seguirá con la oralización de los delitos y las pruebas por cada imputado, así como el debate con los abogados.

Se espera que el juez José Málaga del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción pueda dar una resolución el lunes o martes de la próxima semana.

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