El asesinato de un hombre de nacionalidad venezolana en la Variante de Uchumayo, la balacera entre ciudadanos extranjeros al interior de una panadería en Alto Selva Alegre, el asalto a mano armada de una picantería en Characato y la balacera en la plataforma Andrés Avelino Cáceres, son hechos que dejan al descubierto una nueva forma de crimen organizado que va acentuándose en los últimos meses del año pasado y enero de 2022 en la Ciudad Blanca.
Carlos Montes de Oca Valencia, especialista en derecho penal, práctica forense y docente de la Universidad Católica de Santa María, advierte que los índices de violencia y criminalidad que comienzan a suscitarse en las calles y atemorizan a la ciudadanía, son consecuencia de la ausencia de planificación y la inestabilidad de sus autoridades en el poder. El especialista conversó con Diario Correo y explicó:
¿Cómo afrontar la delincuencia común y a las organizaciones que ya se acentuaron en la Ciudad Blanca? En Arequipa no existe una política criminal que permita una reacción organizada del Estado y la sociedad civil frente a las acciones delictuosas que se presentan, la razón de la ausencia de medidas de protección eficaces, es la consecuencia de la crisis política que vive en país, pero también la región Arequipa. La inestabilidad en el mandato del gobernador causó un vacío de liderazgo y esta situación se reflejó en planes encaminados a reducir la criminalidad. Mientras que en los municipios, la coordinación entre alcaldes para abordar el tema de la seguridad ciudadana fue dejado de lado, esta realidad se fue agravando por la pandemia del Covid-19.
La población hoy tiene una sensación de inseguridad, se siente desprotegida por la Policía y el sistema de justicia.
En nuestro país está vigente el Nuevo Código Procesal Penal, es una norma garantista que no es mala, lo que falla es la coordinación entre la policía y la fiscalía quienes en un primer momento trabajan para armar un caso y llevarlo ante un juez; pero si el trabajo no se realiza de forma adecuada surgen elementos que van a evitarque quienes delinquen sean procesados; es urgente capacitar a los efectivos del orden, porque son ellos los primeros en llegar cuando se comete un delito.
Cada municipio e institución diseña su propio plan de seguridad ¿Es obsoleto este tipo de trabajo que se mantiene desde hace más de 20 años? Es la consecuencia de la ausencia de una política criminal la cual debe partir de un plan articulado a nivel regional, provincial y distrital; en cada una de las comunas existe el servicio de serenazgo, pero no hay un trabajo coordinado entre toda esta fuerza y la propia Policía para abordar las nuevas modalidades de delitos que van apareciendo y aquellos que se producen con mayor regularidad.
Arequipa enfrenta una migración de ciudadanos de otros países ¿Este fenómeno agudizó a la inseguridad ciudadana? No se debe estigmatizar a los ciudadanos venezolanos ni generar xenofobia, según la Superintendencia Nacional de Migraciones en su reporte de julio de 2020; en Arequipa viven 11,754 ciudadanos extranjeros que portan su Permiso Temporal de Permanencia (PTP); somos la segunda ciudad del interior del país luego de la Libertad en albergar más venezolanos; el problema es que existen extranjeros que viven en condición de ilegalidad y un grupo de ellos se dedican a delinquir; como sociedad no nos preparamos para afrontar esta migración y las autoridades tampoco trabajaron un plan de acción para abordar el tema, pese a que este fenómeno es desde el 2019.
¿Qué estrategia debe aplicarse para abordar este problema? Se debe trabajar un plan articulado e identificar como opera la criminalidad, las nuevas modalidades que utilizan la delincuencia importada y con base en este diagnóstico comenzar a trabajar planes de prevención que involucren a la sociedad civil; es mejor invertir en esta etapa porque la ciudadanía es concientizada y su respuesta será la de organizarse para hacer frente al crimen, entonces se vuelve colaboradora de las autoridades; el resultado de este trabajo es que se rompe la indiferencia.
¿Cómo incentivar a la población a colaborar y que deje de lado el miedo? Se tiene trabajar con niños y jóvenes, en los colegios, en las universidades y con las organizaciones sociales; hoy los ciudadanos desconocen la diferencia entre el hurto y el robo; es necesario enseñarles los conceptos de tipo penal y que entiendan la ley y las consecuencias de infringirlas; agredir a otra persona es un delito, el acoso, el acoso sexual, el chantaje y la difusión de imágenes con contenido sexual está penado; muchos infantes y jóvenes son víctimas de estos hechos desde muy pequeños, pero no lo manifiestan porque no conocen la ley y que existe mecanismos que los protegen; quienes son abusadores tampoco están conscientes de la gravedad de sus actos. Educar es un trabajo que no puede ser aislado ni intermitente, debe ser continuo y multisectorial.
- 10 de febrero es la reunión regional por la seguridad.