La segunda vuelta para el Gobierno Regional de Arequipa quedó definida entre dos candidatos, Alfredo Zegarra Tejada de Fuerza Arequipeña y Jenry Huisa de Ahora Nación; ambos postulantes arrastran un rosario de cuestionamientos, pero son las dos opciones por las que tendrá que elegir el elector arequipeño el próximo 6 de diciembre.
FUERZA AREQUIPEÑA
Alfredo Zegarra Tejada registra dos condenas penales firmes por otorgamiento ilegal de derechos y una sanción administrativa de destitución e inhabilitación. Además, otras dos sentencias en su contra fueron anuladas y se ordenó realizar nuevos juicios. Estos antecedentes corresponden a procesos distintos y tienen diferentes estados judiciales.
La primera condena fue dictada en febrero de 2019 por el delito de responsabilidad de funcionario público en la modalidad de otorgamiento ilegal de derechos. Zegarra recibió cuatro años de prisión suspendida por irregularidades vinculadas con la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa. La sentencia fue confirmada en segunda instancia y el recurso de casación fue declarado inadmisible por la Corte Suprema.
La segunda sentencia se dio a conocer en junio de 2021 por otorgamiento ilegal de derechos y falsedad ideológica, en un caso relacionado con la modificación de la zonificación de terrenos destinados al Eco Parque Metropolitano para permitir la construcción de una sede universitaria. Zegarra recibió tres años y seis meses de prisión suspendida y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia fue confirmada en segunda instancia y la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en 2022.
En octubre de 2023, el exalcalde provincial fue condenado a cinco años de prisión por cohecho pasivo propio en el caso de tráfico de terrenos de la asociación Jardines de Chachani, en Cerro Colorado. Sin embargo, en enero de 2025, la Segunda Sala Penal de Apelaciones anuló la condena y dispuso un nuevo juicio oral. En ese mismo proceso, Zegarra fue absuelto por el delito de abuso de autoridad.
Otro proceso concluyó con una condena de seis años de prisión por colusión agravada, relacionada con la contratación de servicios para elaborar los estudios del Plan de Acondicionamiento Territorial y el PDM. En noviembre de 2025, una sala de apelaciones anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio oral. Por tanto, esta condena tampoco puede presentarse como firme.
A estos antecedentes se suma una sanción administrativa vinculada con su desempeño como docente de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Zegarra fue separado de la institución y figura en el registro de sanciones administrativas. Esta medida corresponde al ámbito administrativo y es distinta de las sentencias penales.
AHORA NACIÓN
Jenry Huisa Calapuja, exalcalde distrital de Majes durante el periodo 2023-2026, no declaró condenas firmes en su hoja de vida. Sin embargo, un reporte fiscal generado el 9 de febrero de 2026 registra 17 anotaciones de investigaciones y denuncias vinculadas con presuntos delitos, entre ellos abuso de autoridad, negociación incompatible, concusión, peculado, usurpación agravada y daños. Los registros tienen diferentes estados procesales.
En marzo de 2025, Huisa figuraba como imputado en una investigación preliminar por presunto abuso de autoridad, a cargo de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Pedregal. En febrero de ese año, los registros por presunta negociación incompatible y concusión fueron derivados a una fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios.
Uno de los cuestionamientos a su gestión fue la compra de 120 palmeras para la avenida Los Colonizadores, por S/ 72,960, a un costo de S/ 608 por ejemplar. La adquisición fue cuestionada por una presunta sobrevaloración. Huisa sostuvo que el precio incluía instalación, mantenimiento y una garantía de 11 meses. Posteriormente, varias plantas se secaron y fueron repuestas por el proveedor.
En el mismo proyecto se observó el uso de un vehículo municipal para transportar e instalar las palmeras, pese a que estas labores estaban incluidas en la contratación, así como retrasos en la ejecución y falta de supervisor de obra.
Otro proyecto cuestionado fue el Skate Park de Majes, valorizado en aproximadamente S/ 6 millones, por deficiencias constructivas y la falta de un cerco perimétrico.
También se reportaron problemas en la ampliación del servicio de agua para riego presurizado en los sectores PB6 y PB8 de la irrigación Majes Siguas I, valorizada en más de S/ 42 millones.
Entre las observaciones figuraron problemas presupuestales y falta de pago al contratista, que derivaron en la paralización de los trabajos en julio de 2025. Además, se presentó una denuncia por presunto plagio del expediente técnico, en la que Huisa y otras personas fueron señalados.
En la institución educativa Las Gardenias se advirtieron vacíos en elementos de concreto, almacenamiento inadecuado de materiales y riesgos relacionados con la seguridad de los trabajadores.
Asimismo, hubo cuestionamientos sobre la culminación del Mercado de Abastos, la instalación de proyectores en la institución educativa Los Dinámicos y el mejoramiento del departamento de Mantenimiento, por observaciones relacionadas con expedientes técnicos y contratación de consultores.
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