La cadena de violencia sexual no merma en Arequipa, región que ahora ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el número casos reportados. El problema toma mayor relevancia, toda vez que, en su mayoría, las víctimas son menores de edad.
De acuerdo al Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Núcleo Familiar, entre los meses de enero a septiembre de este año, hay cerca de 9 mil 500 casos denunciados por violación sexual en el país. De esta cifra, 820 casos corresponden a la región Arequipa.
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Asimismo, se sabe que hay otro grupo de aproximadamente 1 900 personas que denunciaron ser acosadas sexualmente en espacios como el transporte público, colegios, entre otros. Para ambos casos, el 70% corresponde a menores de edad (0 a 17 años), un hecho que genera indignación entre la población arequipeña y debería llamar la atención de las autoridades.
Lamentablemente, esta estadística podría ser mayor. La Fiscal Superior Virginia Aquize Díaz de la Segunda Fiscalía Superior de Familia de Arequipa, explicó que hay una ‘cifra negra’, delitos que no han llegado a ser descubiertos por el temor de las víctimas a denunciar o simplemente no se han formalizado.
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Consideró que este ‘clima de violencia’ en agravio de niños, niñas y adolescentes tiene diversos factores, entre los que destacan la falta de valores de la familia. Esto se evidencia con la casuística que maneja el Ministerio Público, siendo que la mayor parte de hechos de violencia sexual ocurren en el seno familiar.
“Son familiares cercanos que han tenido acceso a las niñas, la mayoría son niñas y adolescentes. Por lo general sucede que el padrastro o algún tío son los agresores. Incluso hay casos donde el propio padre, hermanos o primos son los agresores. Lamentablemente, el espacio que debería ser el más seguro para los niños, niñas y adolescentes, se vuelve el más peligroso”, dijo.
La fiscal explicó que, en los hogares donde ocurren este tipo de agresiones sexuales, se ha detectado otros factores en común: la violencia física, el alcoholismo y la prevalencia del machismo junto a los estereotipos de género. “Es lamentable que muchos piensen que la niña es un objeto de satisfacción sexual. Por ejemplo, el agresor paga los gastos de la vivienda y se cree con el derecho de abusar de sub hijastra, eso es gravísimo, hay una falta de conciencia y de valores”, dijo.
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Aunque el panorama resulta crítico para Arequipa, son pocas las acciones emprendidas por las autoridades del Gobierno Regional de Arequipa; así como de los gobiernos locales para mermar esta crisis. La directora del Centro de Prevención del Abuso Sexual Infantil (CPAS), Dessy Zanabria, explicó que esta aparente inacción proviene de diversas gestiones y en este año 2023 los avances son mínimos.
“En mayo tuvimos una reunión, el Minsa sacó estadísticas y tienen registro de atenciones médicas por el tema de violencia y quintuplicaban todas las estadísticas publicadas. Yo pregunté por qué hay muchos más casos que los que tienen los operadores de justicia, significa que ellos no están derivando los casos, el gobernador (Rohel Sánchez) simplemente escuchó y tomó nota, ahora no figuran los números que deberían estar”, agregó.
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Zanabria recordó que, este 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer. Para estas fechas, se anunciaron marchas de concientización convocadas por el Gobierno Regional, pero esto no soluciona la problemática. “Veamos sólo el caso de violencia física, hay 4 mil 300 casos, pero debería ser más según el Minsa, pero eso no se denuncia”, señaló explicando que debe haber mejoras sustanciales desde la Gerencia Regional de Salud.
Algunas semanas atrás, se declaró en emergencia la salud mental de Arequipa por aprobación del Consejo Regional. Zanabria señaló que esto sólo corresponde a una medida declarativa porque no se han efectuado medidas concretas como la contratación de psicólogos, entre otras inversiones. Otras sugerencias relevantes para combatir el problema son la instalación de centros de orientación familiar y centros de atención para los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de que reciban atención psicológica gratuita.
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Por su parte, la representante de la Asociación U-Manos, Fiorella Mattos, explicó que la falta de una estrategia de prevención sostenible también recae en la prevención de las autoridades nacionales y locales. En el caso del Gobierno central, consideró que debe haber una inclusión presupuestal para el cierre de brechas de violencia.
En cuanto a los gobiernos locales, dijo que deben considerarse gastos orientados en favor de la prevención, dado que algunas autoridades prefieren invertir en gastos de aniversario que en atacar la problemática social.
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