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La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho puso en evidencia que las comisiones ambientales del Gobierno Regional de Ayacucho y de los gobiernos locales (CAR y CAM, respectivamente) de Huamanga, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Carmen Alto, Jesús Nazareno y San Juan Bautista, estan inoperativas y no han sesionado durante el 2023.
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En el marco del Día del Ambiente, la entidad efectuó la visita de verificó la creación, instalación y funcionamiento como instancias de gestión encargadas de coordinar y concertar la política ambiental regional y municipal, para promover el diálogo y los acuerdos entre los sectores públicos y privados.
Como resultado de la supervisión se advirtió que si bien se ha creado la CAR, aún no se acreditó a las y los representantes de las entidades que la conforman, ni se convocó a reunión durante este año. Esta situación afecta el proceso de coordinación entre las entidades públicas que poseen competencias ambientales y la articulación entre las políticas ambientales nacionales y regionales, tal como lo dispone la Ordenanza Regional 2-2012-GRA/CR.
Asimismo, se observó que en la Municipalidad Distrital de Carmen Alto no se creó la CAM; mientras que, en la Municipalidad Provincial de Huamanga se verificó que aún no se convocó a sesión. En tanto que, en los municipios distritales de San Juan Bautista, Jesús Nazareno y Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, si bien crearon sus respectivas CAM, no cumplieron con convocar a los miembros a una reunión ni cuentan con un plan de trabajo que les permita coordinar y concertar la política ambiental local para este año.
“Esta supervisión nos permite concluir que el Gobierno Regional y los cinco municipios metropolitanos de Huamanga no vienen asumiendo con responsabilidad la organización y el permanente funcionamiento de las comisiones ambientales”, señaló Russell Chipana, representante de la Oficina Defensorial de Ayacucho.
En tal sentido, agregó que urge promover la participación del sector privado y la sociedad civil en la gestión ambiental y la rendición de cuentas en esta materia, a fin de abordar las problemáticas vinculadas a la contaminación en las cabeceras de cuenca, y el daño a la flora y fauna que ocasionan las actividades ilegales, principalmente en los distritos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), así como los graves efectos del cambio climático en la población, como sequías, desabastecimiento hídrico e incendios forestales.
La Defensoría del Pueblo recuerda que los gobiernos regionales y locales que deben mantener constante coordinación con el Ministerio del Ambiente, como ente rector en materia ambiental en nuestro país, para la adecuada conformación y funcionamiento de sus comisiones ambientales.
