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El suspendido gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, y sus principales funcionarios recibieron nueve meses de prisión preventiva, luego de ser denunciados por, presuntamente, favorecer a la empresaria Ninel Romero Bartusiak con la obra de construcción de ambientes COVID-19, en el Hospital La Caleta de Chimbote. Se trata de la tercera medida coercitiva que se dicta en contra del gobernador investigado por actos de corrupción.
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Sustentación
La audiencia de prisión preventiva fue sustentada por la fiscal adjunta Bélgica Araujo Herrera, del octavo despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, quien expuso que Morillo Ulloa y los funcionarios Jhonny Constantino Muñante Quispe (exgerente del Gobierno Regional de Áncash), Juan Wilson Mendo Sánchez (exgerente de Administración), Pedro Miguel Velezmoro Sáenz (exgerente de Infraestructura) y William Percy Rojas Vereau (exsubgerente de Estudios e Inversión) se habrían coludido para entregar la obra del IOAR La Caleta a la empresa Quimera S.A.C., por la cual se pagó S/ 144,593 durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En prisión
A la fecha, Juan Carlos Morillo y sus funcionarios vienen cumpliendo tres pedidos de prisión preventiva, todos por obras de implementación de ambientes COVID-19.
Según el fiscal anticorrupción Robert Rojas Ascón, responsable de todas las investigaciones; el exgobernador regional y sus funcionarios habrían defraudado a la población cometiendo delitos de colusión agravada en las obras de los principales nosocomios de la región como son el Hospital Regional de Nuevo Chimbote, el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz y el Hospital La Caleta de Chimbote.
