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A pesar de que se realizó una compra de emergencia por la pandemia de la COVID-19, diversos bienes que se adquirió para el Hospital La Caleta de Chimbote fueron entregados con retraso, en algunos casos hasta 56 días después de haberse vencido el plazo contractual. Lo más cuestionable, según detectó la Contraloría, es que los responsables del Gobierno Regional de Áncash (GRA) pagaron a los proveedores sin aplicar las penalidades, lo cual generó un perjuicio económico de S/ 101,108.
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Proceso
El máximo organismo de control determinó que funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Áncash dieron conformidad a la entrega de equipos médicos y otros activos para el denominado “hospital de los pobres, pese al incumplimiento de plazos y condiciones previstos en el contrato.
La contratación directa para la compra de dichos bienes ascendió a S/ 7′165,985 y se realizó en el marco del Plan Regional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención de la COVID-19, aprobado por el GRA en marzo del 2020.
En dicho plan se consideró la remodelación de un ambiente complementario en el nosocomio porteño y su respectivo equipamiento con el objetivo de que pueda funcionar en el menor tiempo posible y así contribuya a la atención de los pacientes afectados por el coronavirus.
Hallazgos
En el Informe de Control Específico N° 056-2021, que comprende el periodo del 2 de marzo al 31 de agosto del 2020, se detalla cómo los proveedores adjudicados incurrieron en retrasos injustificados de hasta 56 días en la entrega, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de lo adquirido: tres ambulancias rurales tipo II equipadas, cuatro oxímetros de pulso, 19 bombas de infusión doble canal, cinco aspiradores de secreciones rodables y siete coches de paro.
El personal de control detectó que los funcionarios y servidores del GRA gestionaron el pago por la totalidad del monto contractual a pesar de que los proveedores efectuaron la entrega de los bienes fuera de los plazos, lugar y condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y órdenes de compra emitidas. Por lo que correspondía la aplicación de penalidades por retraso injustificado, como lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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El referido informe, que fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA, ha sido entregado al gobernador Henry Borja Cruzado para el deslinde de responsabilidades de los 12 servidores comprendidos en los presuntos hechos irregulares, lo mismo que a la Procuraduría Anticorrupción del Santa para las acciones legales penales.
