La Contraloría determinó que funcionarios de la Municipalidad Distrital de Culebras, en la provincia de Huarmey, autorizaron pagos irregulares y no aplicaron penalidades en la obra de rehabilitación de caminos vecinales, situación que generó un perjuicio de S/ 960,807.
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La entidad de control detectó que la comuna otorgó conformidad a cinco valorizaciones de obra por metrados mayores a los presentados por el contratista, lo que permitió la tramitación y pago del 100% por los trabajos de rehabilitación de 11.7 kilómetros del camino vecinal Yupash - Pira - Cajamarquilla - Pampas Grande - Reipa - Quillapampa - Molino - Quita Sombrero, valorizados en S/ 3′210,092.
A pesar que en las valorizaciones se advertía que el afirmado no cumplía con la plasticidad y granulometría establecidas en el expediente técnico y la normativa vigente, los funcionarios municipales suscribieron el acta de culminación de la obra y, posteriormente, el acta de recepción (en marzo de 2021) sin que se subsanen las observaciones.
En la inspección realizada a varios tramos de la vía, el 13 de octubre del 2022, la comisión de control constató encalaminados, hundimientos y desprendimiento de material granular en la plataforma de rodadura y calzada; además de piedras de más de dos pulgadas de ancho en el afirmado de la carretera y material de agregado suelto en la vía.
Además, la Contraloría determinó que la Municipalidad Distrital de Culebras no garantizó la permanencia del residente y jefe de supervisión de obra debido a que se verificó que ambos profesionales prestaron servicios simultáneamente en proyectos ejecutados por la Municipalidad Provincial de Huarmey (MPH) y el Gobierno Regional de Amazonas, respectivamente. Tampoco se cobró la penalidad correspondiente por estas ausencias.
El informe de control fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la MPH y comunicado al alcalde distrital de Culebras y al procurador anticorrupción del Santa para el inicio de los procedimientos administrativos y acciones legales penales correspondientes contra los funcionarios y servidores involucrados en los hechos.