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Preocupado por la seguridad de su familia, se encuentra el titular del Octavo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ancash, en Huaraz, Roberto Rojas Ascón, tras el sospechoso corte de los cables eléctricos que sufrió su vehículo la mañana del domingo, en la puerta de su vivienda en el distrito de Nuevo Chimbote.
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El magistrado, que tiene a su cargo tres carpetas de investigación contra el suspendido gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, y logró dos prisiones preventivas por colusión agravada contra la autoridad regional, indicó que ahora que los desconocidos ubicaron su domicilio es necesario acelerar las pesquisas para identificarlos, pues sus parientes corren riesgo.
“Me preocupa la lentitud de las investigaciones de la Policía porque ya debieron solicitar las imágenes de las cámaras de seguridad y recoger las huellas dactilares de mi automóvil para contrastarlas con su base de datos. Estos procedimientos no son complicados. La seguridad de mi familia está en peligro”, indicó.
Añadió que habló al respecto con el general Espinoza y este le dijo están investigando.
Protección policial
Rojas Ascón anunció que comunicará el sospechoso hecho a sus superiores porque su carro lo dejaron inservible al cortarle el cableado.
“Tuvo que salir a tomar un taxi y al no contar con seguridad estoy más expuesto. Espero que la Policía actúe rápido para identificar a los responsables”, sostuvo.
En este sentido, el magistrado anunció que volverá a solicitar protección policial, aunque la primera vez se la negaron.
“En diciembre del año pasado, cuando conseguimos la primera prisión preventiva contra el gobernador Morillo, capturaron en Huaraz a unos sicarios con armas de fuego que supuestamente iban a atentar contra mí. Ellos, obviamente lo negaron pero están procesados por tenencia ilegal de armas. Aquella vez solicité protección policial y luego de un mes y medio de trámites me negaron el pedido. Ahora, con estos nuevos hechos, volveré a hacer el trámite”, reveló.
Sobre esto último, Rojas Ascón explicó que es un trámite que se inicia con el pedido ante sus superiores, luego pasa a la Fiscalía de la Nación, después al Ministerio del Interior y luego a Inteligencia de la Policía.
El fiscal anticorrupción tiene hoy la audiencia de pedido de cese de prisión preventiva del funcionario Ángel Velásquez Abanto por el caso de colusión agravada en la obra para pacientes con COVID-19 del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.
El jefe de la División Policial de Chimbote, coronel PNP Jorge Cotito Huallanca, dijo a Correo que al parecer hubo un intento de hurto de los accesorios del vehículo del magistrado, por eso abrieron el capó.
“Las investigaciones las está haciendo la comisaría de Buenos Aires, pero al tratarse de una autoridad que ve casos de corrupción el área de Inteligencia está trabajando para determinar si hay o no señales de que se trate de amedrentamiento”, detalló.
