Juez devuelve carpeta a fiscal del sonado caso Pardo
Juez devuelve carpeta a fiscal del sonado caso Pardo

A pesar de que ya han pasado cinco meses desde que se presentó la acusación fiscal, todavía no se define si es que el sonado caso Pardo pasará o no a etapa de juicio oral. En la audiencia de ayer, el juez de investigación preparatoria devolvió la carpeta al representante del Ministerio Público a fin de que precise algunas informaciones referidas a las empresas que conformaron los consorcios que son acusados de haberse coludido con los funcionarios de la Subregión Pacífico, unidad ejecutora del ), para hacerse cargo de la ejecución del millonario proyecto y del servicio de consultoría de la obra.

Vale mencionar que la obra de construcción de la avenida José Pardo es uno de los casos emblemáticos de la gestión del hoy preso exgobernador de Áncash, César Álvarez Aguilar, ya que se hizo una millonaria inversión, pero finalmente los trabajos nunca fueron culminados en su totalidad.

AUDIENCIA. La audiencia de control de acusación fue programada para la mañana de ayer en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, a cargo del juez Jorge Luis Chávez Tamariz.

Como se recuerda, el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe presentó en enero último un requerimiento mixto. Es decir, pidió que sean enjuiciados un grupo de investigados, mientras que solicitó el sobreseimiento para otros (ver vinculada).

Precisamente, ayer el representante del Ministerio Público expuso los argumentos que lo conllevaron a solicitar que se archiven los cargos contra cuatro empresarios.

Laureano Añanca solicitó que se declare el sobreseimiento de la acción penal contra Manuel Villavicencio Ampuero y Wilfredo Roberto Torres Pacheco, cuyas empresas formaron parte del Consorcio Pardo, que se encargó de ejecutar la cuestionada obra. Este consorcio fue representado por Enrique Manuel Pugliesi Paredes, para quien sí se ha presentado acusación.

Además, pidió el archivo de la acción penal a favor de los empresarios Blanca Pachas Crisostomo y Julio César Quiroz Ayasta, cuyas representadas integraron el Consorcio Unión Consultores, que tuvo la responsabilidad del servicio de consultoría de la obra. El mencionado consorcio estuvo representado por Carlos Enrique Cabrera Campos, para quien el fiscal ha presentado cargos.

La Fiscalía realizó su investigación en contra de los empresarios bajo la premisa de que habrían incurrido en los delitos de colusión, malversación de fondos y peculado; sin embargo, en la audiencia de ayer, Añanca Chumbe señaló al juez que no pudo encontrar elementos de convicción que demuestren que estas cuatro personas hayan tenido responsabilidad en los presuntos actos de concertación que habrían tenido los representantes de los dos consorcios con los funcionarios de la Subregión Pacífico para ganar las licitaciones y sobrevalorar los proyectos.

“Los elementos de convicción no han podido probar que Manuel Villavicencio Ampuero y Wilfredo Torres Pacheco hayan mantenido tratos con Enrique Pugliesi Paredes y los funcionarios de la Subregión Pacífico para que se favorezca al consorcio Pardo (...) Tampoco se ha podido acreditar que hayan participado en la fijación del monto de inversión y que posteriomente se hayan apropiado de parte de este monto sobrevalorado”, expresó el fiscal en la audiencia en alusión a un caso.

Vale mencionar que la ejecución de la obra de la avenida José Pardo terminó costando 39 millones de soles, mientras que la supervisión significó un desembolso de un millón 100 mil soles. Ambos procesos se adjudicaron a finales del 2010.

Según la tesis fiscal, los representantes de los dos consorcios se habrían coludido con los funcionarios de la Subregión Pacífico a fin de verse favorecidos con la entrega de la buena pro.

En el caso de Consorcio Pardo, se indica que fue favorecido con una calificación superior a la que realmente le correspondía y que también se le permitió suscribir el contrato de manera estempóranea. Además, se precisa que se le aceptó una carta fianza emitida por una entidad financiera no autorizada por la SBS.

DEVUELVEN CARPETA. Tras la sustentación del fiscal, el procurador anticorrupción Richard Asmat Urcia observó que antes de resolver el sobreseimiento a favor de los cuatro empresarios, era necesario que se precise información referida a las empresas que conformaron los dos consorcios como experiencia técnica y quién fue el administrador tributario de cada uno, a fin de que posteriormente no existan inconvenientes de ordenarse el cobro por reparación civil.

El pedido tuvo eco en el juez Chávez Tamariz, quien también consideró que esta información podría ayudar en el esclarecimiento de los actos de colusión que son materia de debate.

“Resulta necesario de las empresas consorciadas que indiquen cuál es el aporte, para que no solamente alcance a sus representantes legales sino al comportamiento para hacer una evaluación respecto al delito de colusión; si bien es cierto no hay una información específica dentro del tratamiento del sobreseimiento, es una necesidad que pueda ser precisado atendiendo a un dato sistemático y normativo de conformidad”, expresó el magistrado en la audiencia.

Por esta razón, el juez decidió devolver la carpeta al fiscal Laureano Añanca y le otorgó un plazo de cinco días para que precise la información solicitada. Tras ello, se fijará la fecha de la audiencia en la que se seguirá revisando el requerimiento mixto planteado por el Ministerio Público respecto a las presuntas irregularidades en el denominado caso Pardo. 

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