Un informe de control específico a hechos con presunta irregularidad en la Municipalidad Distrital del Vilcabamba en la provincia de la Convención (Cusco), puso en descubierto un aparente desfalco al interior de dicha comuna, donde se habría comprado material de construcción por más de 100 mil soles, cuando este material jamás llegó a obra.
MIRA TAMBIÉN: Las Bambas: comuneros se reúnen este 6 de enero para decidir si retoman o no el bloqueo del Corredor Minero
La Contraloría General detectó que la Municipalidad Distrital de Vilcabamba pagó S/ 109 475 para la adquisición de materiales de construcción que serían utilizados para la obra de transitabilidad del centro poblado de Huancacalle, sin embargo, no existe documentación alguna que sustente la entrega de dicho material a la entidad ni su traslado a la obra. Tres funcionarios tienen presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos ocurridos el 2019.
Según el informe de control especifico 20278-2021-CG/GRCU-SCE, la entidad realizó la adquisición de 4 780 bolsas de cemento y 2 394 varillas de acero sin que el contratista haya efectuado la entrega de estos materiales para la obra, lo que ocasionó un perjuicio económico a la entidad.
Los funcionarios ediles registraron de manera irregular la compra de estos materiales en el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf), pese a que no hay documentos sustentatorios de su entrega ni conformidad del residente de obra.
Según la Contraloría, el jefe de la Unidad de Sistemas e Informática de ese año, creó y registro un usuario denominado “A”, es decir, no registró nombres y apellidos en los campos correspondientes del Siaf. De esta manera registró la fase del devengado (que corresponde a la conformidad de la entrega por la adquisición de un bien o servicio); esta situación conllevó al pago del contratista mediante transferencia interbancaria.
Los resultados del informe de control posterior fueron comunicados al titular de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba para que inicie el deslinde de responsabilidades, así como al procurador público especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales que correspondan contra los implicados.