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El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención (Cusco), logró que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, condene al suboficial de tercera PNP J.A.A.P. como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.
La sentencia fue emitida mediante un acuerdo de terminación anticipada en el marco de un proceso inmediato, luego que el Ministerio Público acreditara la responsabilidad penal del efectivo policial en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
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Los hechos ocurrieron el 26 de diciembre de 2025 en el distrito de Quellouno, cuando el efectivo, desempeñándose como investigador de la comisaría del sector, solicitó S/ 580 a un ciudadano comprendido en una indagación de la Fiscalía Provincial de Familia, el agente policial invocó influencias simuladas aduciendo que intercedería ante el fiscal provincial para archivar el caso a cambio del dinero requerido para un supuesto compromiso social institucional, remitiendo capturas de conversaciones falsificadas con una presunta asistente y facilitando la cuenta bancaria de una tercera persona ajena a los hechos.
Tras la denuncia de los ciudadanos involucrados, el despacho fiscal anticorrupción desplegó inmediatas diligencias de urgencia que comprendieron la entrega y análisis pericial de equipos celulares, transcripciones de mensajes de mensajería instantánea y constataciones en la sede policial, ante la contundencia de los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público, el efectivo policial se acogió a la confesión sincera, admitiendo plenamente la comisión de los actos ilícitos imputados.
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En aplicación del principio de consenso, el órgano jurisdiccional fijó una pena de tres años y cuatro meses de privación de libertad, convertida a 171 jornadas de prestación de servicios a la comunidad y cuatro años con dos meses de inhabilitación, sanción que comprende la privación de la función pública y la pérdida del grado policial, el fallo también impuso 305 días-multa por un monto de S/ 9 275 y el pago de S/ 1 500 por concepto de reparación civil a favor del Estado, bajo apercibimiento expreso de que el incumplimiento del trabajo comunitario conllevará la revocatoria de la medida y su internamiento en un penal.
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