En medio del proceso electoral 2026, el abogado Ángel Edwin Espinoza Quispe, candidato al Senado Nacional con el número 9 por Perú Libre, defendió su incursión en política, negó que su partido sea “radical” y planteó como principal bandera la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
En entrevista, también respondió por su cercanía con Vladimir Cerrón y planteó una polémica propuesta para enfrentar la corrupción.
¿Por qué decide pasar del ejercicio privado del derecho a la política?
Por mi experiencia como abogado en delitos contra la administración pública. Conozco el sistema desde dentro y recibí la invitación del partido, la cual evalué conforme a sus principios e ideario antes de aceptarla.
¿Su cercanía con Vladimir Cerrón influyó en su candidatura?
No hay favoritismo. Tengo afinidad con el partido desde 2019 y mi postulación responde a un proceso interno. Como abogado he defendido casos, pero eso no define mi candidatura.
Se le cuestiona a Perú Libre por ser un partido radical de izquierda.
Eso es parte de una “satanización”. En su ideario no hay posturas anticristianas ni extremistas. Se ha construido una imagen equivocada desde los años 80 y 90.
¿Cuál es su principal propuesta?
Una nueva Constitución con énfasis en el capítulo económico. Planteamos nacionalizar el gas para generar recursos que permitan atender salud, educación y pagar la deuda externa.
¿Pero esa no es función del Ejecutivo?
Como senadores fiscalizamos, pero también promovemos las propuestas del partido desde el Legislativo si contamos con representación.
¿Cómo sustenta legalmente una Asamblea Constituyente?
La propia Constitución permite mecanismos democráticos para su convocatoria. Es el pueblo quien decidirá finalmente.
¿Qué opina de los cuestionamientos a Vladimir Cerrón?
Considero que existe persecución política. Muchos procesos no tienen sentencia firme y deben analizarse con objetividad jurídica.
¿Qué propone contra la corrupción?
Desde mi concepción, también como cristiano, la corrupción no es un problema reciente, está enquistada en el ser humano. Por eso, mi propuesta no solo es sancionadora, sino preventiva. Planteo fortalecer a las congregaciones y organizaciones sociales, sin discriminación, para que trabajen en la formación en valores y moralidad. Por ejemplo, los pastores ya cumplen un rol en sus comunidades: hacen seguimiento a familias, intervienen en conflictos como violencia familiar y evitan que estos casos lleguen a la policía, fiscalía o Poder Judicial. Eso le ahorra recursos al Estado. La idea es darles ciertas facultades, con capacitación, para resolver conflictos menores, similar a un juez de paz.
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