En el 2004, Uruguay fue el primer país en el mundo en declarar que el acceso al agua potable constituye un derecho humano fundamental. Ante ello, el Estado creó un mamut de políticas públicas. Pero nada se puede contra la naturaleza y el designio. Esta situación catastrófica apocalíptica originada por la falta de agua potable que evoca la imagen de la destrucción total ya era imaginada por muchos novelistas de ciencia ficción, que incluso se hablaba de que en un futuro cercano habría una guerra sangrienta e «inhumana» por el agua.
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Es necesario ver de cerca las decisiones desesperadas, rayando algunas con lo alucinante, por parte del gobierno uruguayo ante esta crisis: las hay desde las que declaran subir las medidas permitidas de cloruro y sodio para permitir que el agua sea potable (¡plop!), hasta otras tributarias, como exonerar de impuestos al agua embotellada.
¿Qué debe hacer el Estado preventivamente ante tan terrible destino inexorable? Recordemos que al 2030 el 58% de los peruanos vivirá en lugares con escasez de agua. Frases bíblicas podrían indicar el camino: actuar sabiamente en los tiempos de vacas gordas previendo los tiempos de vacas flacas.
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Por otro lado, separar la paja del trigo. ¿Quién merece toda nuestra atención y recursos hoy, pensando en el mañana? Los impuestos que pagamos ¿deben ser usados para proteger la familia del ciudadano peruano responsable que trabaja más de ocho horas diaria para llevar comida y salud a su hogar? o ¿para mantener a esos malditos encarcelados por violación o sicariato? o ¿para satisfacer la voraz glotonería de esa excesiva e irracional burocracia estatal que no sirve para nada? Estás preguntas deben ser resueltas con prontitud.
