Una grave denuncia ha encendido las alertas sobre una posible politización del programa de Comedores Populares de Huancayo. La presidenta de esta organización social, Zoraida Quispe Fabián, fue cuestionada por promover la participación de madres de familia en una movilización convocada por el partido Podemos Perú, agrupación por la que además postula como precandidata a regidora provincial en la lista encabezada por Emerson Nolasco.

Obligación

La controversia se originó tras la difusión de mensajes de WhatsApp enviados por la propia dirigente, en los que se convoca a las integrantes de los comedores populares a participar en una actividad partidaria programada para el 13 de junio. Según la denuncia, el mensaje no solo anuncia la asistencia al evento, sino que además solicita que cada participante acuda con 10 personas adicionales, situación que ha sido interpretada como un intento de movilización política utilizando la estructura del programa social.

En la comunicación también se advierte que se realizará un llamado de lista, lo que para varias madres de familia constituye una señal de presión pese a que posteriormente la dirigente aseguró que la participación era voluntaria y respondía únicamente a una invitación.

La situación se agrava debido a que, según la información difundida, el acuerdo para respaldar la movilización habría sido adoptado durante una reunión realizada en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Huancayo. De confirmarse, ello podría comprometer el principio de neutralidad que debe regir en los programas sociales y en las instituciones públicas.

Respuesta

La referida dirigente señaló que no se está obligando a nadie y que fue un acuerdo de las madres de familia asistir tras una invitación que les hicieron llegar.

Tras conocerse los hechos, el gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Yimer Quispe, anunció que solicitará un informe para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, crecen los cuestionamientos sobre la utilización de programas sociales para fines electorales, una práctica recurrente observada en períodos preelectorales y que podría vulnerar los principios de imparcialidad y transparencia que deben regir la gestión pública.