En un reciente informe publicado por la Defensoría del Pueblo, se pudo advertir que los establecimientos penitenciarios existentes en el Valle del Mantaro no cuentan con disposiciones internas, reglamentarias y prácticas institucionales, en torno a la población LGBTI privada de libertad. Es decir, no existen protocolos ni reglamentación respecto al trato para los internos de orientación sexual distinta.
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Según el referido informe de los penales de Jauja, de Mujeres de Concepción y de Huancayo, sí existe población penitenciaria trans y gay, pese a ello sus directivos informaron a la Defensoría no tener información al respecto, es decir no cuentan con un registro de personas LGBTI. Solo en el establecimiento de Concepción existen 15 personas con esa orientación.
Entre las razones que esbozaron las administraciones penitenciarias para explicar la inexistencia de este registro, se encuentra la falta de regulación normativa, la ausencia de personas LGBTI en sus penales y la negativa a reconocer otras identidades que no sean las heteronormativas.