Desde hace seis años, más de 800 familias en toda la región Junín viven un calvario y la perdida de los ahorros de toda su vida. Solo por querer cumplir con el sueño de la vivienda y departamento propio, sufrieron estafa sistemática de parte de empresas con el aval del Fondo Mivivienda S.A. (FMV).
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Son ocho proyectos inmobiliarios involucrados en esta estafa, según los perjudicados, estos proyectos pertenecen al Programa Techo Propio del Fondo Mivivienda, que es una entidad estatal adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Josué Juan Paz Gamarra (71) un septuagenario que vendió su departamento con el sueño de comprarse un predio en Huancayo, a través del programa Techo Propio, del Fondo Mivivienda, pero perdió todo su dinero, al dar más de 47 mil soles a una inmobiliaria, que nunca construyó nada.
Según lo mostró Karen Cañarí, una de las afectadas ante la mesa de diálogo liderada por el congresista de la República Ilich López y representantes de la Contraloría, Indecopi y otras entidades, estas empresas tienen el aval de los programas nacionales como Techo Propio o Mivivienda, es decir se trata de Inmobiliarias que se publicitaban en las mismas revistas del fondo y después, desaparecieron con el dinero desembolsado.
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Algunas empresas
Hablamos de las empresas JM Asociados SAC cuyo representante es Jorge Augusto Duarte Heredia; y el grupo inmobiliario Dumcam SAC cuyo representante legal es su hija Janet Duarte, además de Constructora Verastegui Vera, estas son empresas promotoras ligadas a estas estafas. Pero hay otras empresas ejecutoras como Maravi Puente Realty S.A.C, cuyo gerente es Manuel Estuardo Puente Gutiérrez, el mismo que tiene más de una decena de denuncias por estafa y otros delitos.
La mayoría de estafados concuerda que acudieron a la Dirección Regional de Vivienda y que, quien avaló estas estafas es el coordinador regional de Huancayo del Fondo Mi Vivienda, Mario Lázaro Porta.
Tras al mesa de diálogo realizada el 21 de agosto el congresista Ilich López se comprometió a elaborar y remitir un informe a la Comisión de Vivienda y Fiscalización del Congreso de la Republica para citar a la ministra y funcionarios responsables. Asimismo, acordaron oficiar al Ministerio Público para que tome las acciones del caso en contra de los responsables.
