La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín formalizó este 2026 la investigación preparatoria contra el mayor PNP Tony M. R., excomisario de Orcotuna, y Edith G. V. R., quien se desempeñó como secretaria de dicha dependencia. El cargo del que se les acusa es cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
El inicio del caso
Los denunciantes son los suboficiales Percy Vertoni Salvador Lázaro y Yuber Nilson Sánchez Ponce quienes la noche del 30 de junio de 2023, estando de servicio en el Puesto de Auxilio Rápido de Aco, dependiente de la Comisaría PNP Orcotuna, habrían sido pepeados por dos mujeres que luego se llevaron sus armas de reglamento.
Fue al día siguiente, los agentes que acudieron a relevarlos no los encontraron en el puesto, sino en un parque cercano, vestidos de civil y bajo aparentes efectos del alcohol, sin el armamento asignado. En aquel entonces fueron detenidos por el incumplimiento de la consigna y la pérdida de las armas del Estado.
La acusación
Los dos agentes denuncian que mientras permanecían detenidos, habrían sido citados por el entonces capitán Tony M. R., quien les solicitó S/ 2 mil para entregárselos a un supuesto informante que ayudaría a recuperar las armas.
Como los policías no contaban con el dinero, habrían recurrido a la agente Edith G. V. R. quien les prestaría el dinero y habrían dejado una laptop como garantía del pago.
Sin embargo, hasta donde se sabe, el caso y la investigación de las armas no estuvo a cargo de la Comisaría de Orcotuna sino de la Divincri. Precisamente el 2 de julio de 2023, un equipo de la Areincri Huancayo logró ubicar las dos armas en el interior de un nicho del cementerio de Cochas Grande, en el disrito de El Tambo, tras recibir información de Inteligencia.
Posteriormente, entre el 5 y 6 de julio, los suboficiales habrían realizado cuatro depósitos de S/ 500 a una cuenta del Banco de la Nación vinculada a Edith G. V. R., quien previamente habría solicitado la devolución del dinero prestado.
Fuentes policales de este medio, confirmaron que los dos policias denunciantes fueron dados de baja en su momento.
La Fiscalía considera que el caso presenta especial complejidad y dispuso un plazo de 240 días para continuar con las investigaciones. Entre las diligencias se contempla recoger declaraciones de testigos y denunciantes, además de solicitar información sobre el uso de informantes en investigaciones policiales.
Asimismo, se revisarán capturas de conversaciones de WhatsApp y otros elementos que forman parte de la denuncia. Para ello, los involucrados deberán presentar sus teléfonos celulares originales a fin de realizar las verificaciones correspondientes.
