El sismo de magnitud 5.1 que remeció la provincia de Chupaca y tuvo como epicentro el distrito de Chongos Bajo dejó un saldo de seis personas fallecidas, decenas de heridos, viviendas colapsadas y cientos de damnificados. La tragedia no solo evidenció la vulnerabilidad de las construcciones de adobe, sino que también puso bajo la lupa la escasa ejecución de los recursos públicos destinados precisamente a la reducción del riesgo de desastres.
Una baja ejecución
De acuerdo con la consulta al portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad Provincial de Chupaca, encabezada por el alcalde Luis Bastidas, contó este año con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 325,581 para la actividad “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. Sin embargo, hasta julio solo ejecutó S/ 39,408, equivalente al 12.1 % del presupuesto asignado.
La situación es igualmente preocupante en la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo, el distrito más golpeado por el movimiento telúrico. La comuna dispuso de un PIM de S/ 2 millones 508,244, pero apenas ejecutó S/ 739,674, es decir, 31.5 % de los recursos destinados a prevenir y atender emergencias. La paradoja es evidente: el distrito donde ocurrió la peor tragedia mantenía más de dos tercios de su presupuesto para gestión del riesgo sin ejecutar cuando ocurrió el desastre.
La responsabilidad de los gobernantes
Para el abogado Gines Barrios, la baja ejecución presupuestal, por sí sola, no constituye un delito de corrupción.
“Dentro de la administración pública los delitos patrimoniales están vinculados a corrupción, como peculado, colusión, malversación o cohecho. La no ejecución del presupuesto no está tipificada como delito ni siquiera como una infracción administrativa, porque el propio Ministerio de Economía sanciona esa ineficiencia reduciendo futuras asignaciones presupuestales”, explicó.
No obstante, el especialista advierte que el escenario cambia cuando esa falta de ejecución tiene consecuencia la pérdida de vidas humanas.
“A la luz de los hechos lamentables, donde existen daños y pérdidas humanas, sí podría evaluarse una responsabilidad por omisión de funciones. Si la autoridad tenía recursos, y no ejecutó las acciones necesarias, las consecuencias pueden derivar en una investigación por un comportamiento omisivo”, sostuvo.
La realidad de otros gobiernos
En comparación con el resto de provincias de la región, Chupaca registra una de las peores ejecuciones presupuestales en materia de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
Mientras Chanchamayo lidera con un avance de 68.6 % y Huancayo alcanza el 50.3 %, el Gobierno Regional de Junín ejecutó el 48 % de los S/ 14 millones 971 mil 822 que destinó a este rubro.
Le siguen Concepción con 48.6 %, Tarma con 39.5 %, Jauja con 37.4 %, Junín con 29.4 % y Satipo con 17.1 %. Solo Yauli presenta un desempeño inferior, con una ejecución de apenas 3.6 %, pese a contar con un presupuesto superior a los S/ 15 millones.
Este panorama ubica a Chupaca entre las jurisdicciones con menor capacidad para convertir los recursos destinados a la prevención en acciones concretas frente al riesgo de desastres.
Las imágenes de viviendas colapsadas, familias buscando entre los escombros y pobladores durmiendo a la intemperie contrastan con millones de soles que permanecen sin ejecutarse en las cuentas públicas.
