Hace unos días la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a 21 años de prisión y al pago de 10 000 soles por concepto de reparación civil a Jonathan Sarmiento Llanto, conocido en el ambiente artístico como John Kelvin, por los delitos de agresiones en contra de la mujer y violación sexual en agravio de Dalia Durán Gómez.

El Estado peruano tiene la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de discriminación y de violencia, así como de promover su autonomía física y económica. La pandemia ha impactado de forma diferenciada a las mujeres y este solo es un caso de tantos.

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El confinamiento en el hogar las ha expuesto a mayores riesgos de sufrir violencia, ya sea intrafamiliar o a través de las tecnologías de la in formación. La reorientación de recursos para atender a los y las pacientes por Covid-19 ha generado que se desprovea de insumos a las áreas relacionadas a la salud materna y reproductiva. La crisis económica causada por el cierre temporal de negocios hizo más vulnerables a los hogares liderados por mujeres, quienes debieron enfrentar la inseguridad alimentaria, muchas veces por su cuenta.

El confinamiento durante la pandemia expuso a las mujeres a mayores riesgos de sufrir violencia y, este año, las cifras no han disminuido en la región en los primeros meses de este 2022. Solo en el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Junín, se registraron 545 casos de violencia física y psicológica, 429 de violencia psicológica, 49 de violencia sexual, 34 de violencia física, 26 de violencia psicológica patrimonial, 17 de violencia física, psicológica y patrimonial, 10 de violencia psicológica sexual, 7 de violencia patrimonial.

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Además, este mismo módulo solo en Huancayo en lo que va del año, ha otorgado a 112 medidas de protección a adolescentes y 85 a niños, mientras que en el año 2021 se otorgaron 437 a adolescentes y 360 a niños. Y para dar facilidades en la denuncia, la Corte puso en funcionamiento el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), para la especialidad de Familia, subespecialidad en Violencia.

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