La Contraloría General de la República intervino la Unidad Médico Legal de Satipo tras detectar que opera en condiciones críticas que afectan directamente la cadena de atención de las necropsias. La inspección reveló que el establecimiento incumple las normas de seguridad en edificación, carece de servicios higiénicos y no cuenta con un recinto de guardia.
Además, el local no realiza una adecuada segregación de residuos biológicos ni de desagües en la fuente, lo que genera un grave riesgo sanitario en la zona.
Esta caótica situación estructural pone en peligro la integridad tanto del personal administrativo como de los usuarios que acuden diariamente a realizar trámites penosos.
A la precaria infraestructura se suman severas limitaciones tecnológicas, administrativas y logísticas que entorpecen la transparencia de las operaciones.
Debido a fallas continuas en el servidor institucional, el personal no pudo registrar en el sistema 18 de las 33 necropsias realizadas, y se detectó la falta de actas de procedencia de los cadáveres ingresados en mayo y junio.
Asimismo, la sede carece de instrumental forense básico como balanzas, recipientes graduados y herramientas de disección, operando con una sola cámara de refrigeración con capacidad para apenas dos cuerpos. Este desabastecimiento de herramientas esenciales retrasa las investigaciones fiscales y afecta directamente la correcta administración de justicia en la provincia.
Finalmente, la auditoría constató que la morgue arrastra una notoria falta de personal técnico especializado para cubrir la demanda de la provincia. Ante este panorama, la Contraloría documentó detalladamente todos los hallazgos y notificó al Ministerio Público para exigir la adopción de medidas correctivas inmediatas.
