En la región Junín, hasta ayer existían unos 64 casos de embarazo forzado. Se trata de niñas menores de 14 años que fueron obligadas a continuar con una gestación producto de una violación sexual, manifestó la directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Liz Meléndez. El caso más dramático, fue el de una menor de 13 años, que murió por complicaciones en el parto en Satipo, pese a que , por su condición debió acceder al aborto terapéutico, ya que la concepción fue causada por una violación sexual, acotó.
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“No es posible que no se esté aplicando el protocolo del aborto terapéutico, que determina que en caso exista un riesgo sobre la salud o vida de la gestante, es legal la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 22 semanas de gestación”, cuestionó.
Tampoco se toma en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, determinó que llevar una gestación en menores de 15 años pone en grave riesgo la vida de las niñas, ya que su cuerpo no está preparado para una gestación y mucho menos para el parto.
Comentó que en el país y en la región Junín hay mucha indolencia frente a estos casos. “Esto se evidencia también, en las tasas más altas de embarazo forzado. De 1035 casos a nivel nacional, en Junín se registran unos 64″, insistió Liz Meléndez.
Dijo que llama la atención, como en los hospitales y centros de salud de la región Junín, no se estaría cumpliendo la aplicación del aborto terapéutico.
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Cifras que preocupan
En el hospital El Carmen, en lo que va del año 2023, atendieron un total de 209 gestantes adolescentes entre los 13 y 15 años. Unos 120 bebés nacieron por cesárea y 89 parto vaginal, informó la obstetra Kelly Vidal Salcedo, coordinadora del programa de Salud Materno Neonatal del nosocomio.
Además, unas 33 adolescentes de enero de octubre, fueron evacuadas con el diagnóstico de aborto incompleto (provocado o espontáneo). Y 4 de las gestantes llegaron por una denuncia de abuso sexual, finalmente ellas concibieron a sus bebés.
La complicación más recurrente que afecta a las menores es el trastorno hipertensivo del embarazo, algunas desarrollaron su preeclamsia y la mayoría termina en cesárea.
Un delito consentido
A su turno, la psicóloga del Centro Emergencia Mujer de Chilca, Matilde Moste, llamó la atención sobre un factor que agrava el problema. Ella refirió que cuando intervienen en estos casos, se dan con la sorpresa que las familias permiten la convivencia de la menor con su agresor, pese a que es un delito.
“Muchas menores proceden de hogares, donde son víctimas de violencia y esta prevalece con estos actos”, lamentó. Pidió a las familias a no consentir que las menores sigan convirtiéndose en víctimas y sean condenadas a pasar el resto de sus vidas con la misma persona que las agredió sexualmente.
