La carrera política del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, siempre ha estado vinculada a los tribunales y actualmente afronta más de 29 investigaciones en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, por lo que se seguirá beneficiando con la Ley N° 31751, la cual modifica la suspensión del plazo de prescripción en el nuevo Código Penal, fue aprobada en el Pleno del Congreso de la República.
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Como se recuerda el 12 de julio Vladimir Cerrón realizó la primera jugada a su favor valiéndose de la ley que reduce los plazos de prescripción de diversos delitos más conocida como “Ley Soto”, logrando que se archivara el proceso judicial en su contra por la comisión de los presuntos delitos contra la administración pública, negociación incompatible, entre otros, por el caso de la Carretera Chupaca, en relación a la obra Mejoramiento del circuito vial Chupaca-Sicaya-Viczo-Aco-Mito, durante su primera gestión como Gobernador Regional de Junín librándose de una pena privativa de la libertad por cinco años y otras penas accesorias que había solicitado el Ministerio Público.
Sin embargo, no todos sus intentos son fructíferos pues en otro caso de relevancia que pese a estar en apelación como es el caso Aeródromo Wanka, por el cual fue sentenciado a cuatro años de prisión al ser hallado culpable de la concertación del contrato para la construcción, cuando ocupaba el cargo de gobernador regional de Junín pretendió prescribirlo aplicando la famosa Ley Soto, pero el magistrado rechazó el pedido.
Prescripción de casos
Teniendo en cuenta la implicancia de la norma, el líder de Perú Libre y sus coimputados tienen cinco casos que ya prescribieron y sin embargo, aun vienen siendo procesados.
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Uno de ellos data del 2017 y se hallaba en manos del tercer despacho y ha sido derivado preliminarmente, el otro está manos del cuarto despacho y por el delito de colusión simple, existe otro con dictamen que si se halla en manos del primer despacho y es por negociación incompatible.
La responsabilidad del Ministerio Público
Según los especialistas en derecho, para que se aplique la referida Ley y se beneficie con ello a los investigados, no hay responsabilidad en los procesados, sino por el contrario existe responsabilidad en el Ministerio Público por las demoras en las investigaciones que muchas de ellas demoran de más de 10 años .
Hay responsabilidad en el Poder Judicial por demoras en la programación de audiencias y la falta de control de plazos a los jueces. Existe responsabilidad en el sistema judicial del país, debido a que no existe logística adecuada , no hay suficiente cantidad de fiscales , jueces, defensores públicos, peritos, equipos y presupuesto.
