Alcalde de Umari debe serias explicaciones a la ley por acusaciones de corrupción en su contra
Alcalde de Umari debe serias explicaciones a la ley por acusaciones de corrupción en su contra

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, viene investigando al alcalde del distrito de Umari, Keny González Orveso y a la funcionaria Shirley Betzabé Espinoza Quispe, por la presunta comisión de los delitos de peculado y colusión, en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Umari.

La denuncia, registrada en la Carpeta Fiscal 112-2024, detalla que ambos funcionarios habrían utilizado de manera indebida un volquete de propiedad municipal, de placa EGL-124 Scania, para ejecutar una obra privada fuera de la jurisdicción de Umari. Según el documento, el vehículo fue empleado en la construcción de un polideportivo en el poblado de Santa Virginia, ubicado en el distrito de Panao.

En la denuncia detallan el uso indebido de recursos públicos por parte del alcalde de Umari y funcionaria en mención investigados por peculado y colusión, que configura un delito previsto en el artículo 387 del Código Penal, que sanciona a “el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo”.

Además, hace referencia a la adjudicación de contratos a la empresa N & R Constructora Sociedad Anónima Cerrada, representada legalmente por Espinoza Quispe, quien también fue designada como jefa de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad de Umari.

¿Tranzaron?

Según la denuncia, dicha empresa resultó beneficiada en dos procesos de adjudicación simplificada por un monto que supera el millón de soles, lo que podría configurar el delito de colusión.

“Existen medios probatorios que corroborarían que el alcalde de la Municipalidad Distrital de Umari y su actual servidora, Shirley Betzabé Quispe, beneficiaron indebidamente a la empresa N & R Constructora”, se indica en el documento, que también solicita la recolección de testimonios y reportes sobre el uso del volquete, así como un análisis de las adjudicaciones mencionadas.

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