Luego de cinco años de procesos judiciales, el Poder Judicial ordena que la Dirección Regional de Salud (Diresa) debe desocupar el local en el que funcionan sus oficinas administrativas, en la cuadra 10 del jirón Dámaso Beraún y devolverlo a la Sociedad de Beneficencia de Huánuco en un plazo de seis días.
“Mientras más dilaten el desalojo, más tendrán que indemnizar”, refiere el gerente de la Beneficencia Pública Teófilo Huaynates Peña, tras comentar que fueron cinco años de proceso judicial, el Juzgado Civil Transitorio que declaró fundada la demanda de la Beneficencia y le ha dado a la Diresa, un plazo de seis días para entregar el inmueble de 4 mil metros cuadrados.
“Si bien dice seis días, todavía es una sentencia susceptible de apelación, esa apelación no debe durar mucho es un proceso corto y nos seguirán dando la razón; con dos sentencias en contra ya no podrían poner casación”, indicó Huaynates Peña.
DEUDA MILLONARIA
Según refiere Huaynates, la Dirección Regional de Salud debe alrededor de cinco millones de soles a la Sociedad de Beneficencia por ocupar su inmueble sin pagar alquiler desde el año 2019, es un monto que tendrá que ser indemnizado.
Asimismo, advirtió que ellos no tienen ningún título o documento que avale su posesión en el inmueble. “Por más que apelen van a seguir perdiendo, y más dilaten el tiempo, para el desalojo, esa deuda va a subir y van a tener que resarcir a la Beneficencia les guste o no”, dijo.
Tomarán acciones penales contra los funcionarios de la Diresa y del Gobierno Regional que hasta ahora no devolvieron el inmueble a la Beneficencia. Durante el siglo pasado, en dicho inmueble, funcionó el hospital Fausto Figueroa Villamil, pero terminó convirtiéndose con el tiempo en la sede administrativa de la Diresa.
CONTRATO
En el 2019, venció el convenio entre la Diresa y la Beneficencia, para usar el inmueble con fines sociales, pero al no cumplirse ese propósito, la Sociedad de Beneficencia no renovó el convenio y planteó esta demanda de desalojo.
“El uso por parte de la Diresa ha representado un perjuicio para la población beneficiaria de la Beneficencia. Planeamos que ahí se haga un albergue de ancianos, un asilo o destinarlo a cualquier otra finalidad social propia de nuestra institución”, sostuvo Huaynates.
Actualmente existe un promedio de doce inmuebles de propiedad de la Beneficencia Pública, que están en proceso judicial para desalojo.
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