Una sentencia condenatoria de nueve años y cuatro meses de pena privativa de libertad recibirán siete implicados por el delito de peculado doloso agravado por apropiación, en agravio del Estado. Condena que fue logrado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, representada por el fiscal Henry Edward Palomino Polino.
Los sentenciados son Rogelino Guzmán, Jaime Céspedes, Teresa Pajuelo, Francisco Yalico, Hilda Ramírez, Roberto García y Celso Claudio, quienes participaron en la aprobación y el pago irregular por la elaboración del expediente técnico de la obra denominada “Ampliación de Infraestructura Educativa e Implementación con Mobiliario y Equipo Escolar en la IE.I n.° 217 de la localidad de Taulligán, distrito de Santa María del Valle, provincia de Huánuco”.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron durante la gestión del entonces presidente regional de Huánuco, Luis Raúl Picón Quedo (2011–2014). En ese periodo, el Gobierno Regional de Huánuco suscribió un contrato por S/ 71 588.24 para la elaboración del expediente técnico de la citada obra educativa.
Durante la ejecución del servicio, el expediente técnico presentado por el consultor registró diversas observaciones y deficiencias técnicas, advertidas en reiteradas oportunidades por el área encargada de evaluar el proyecto. No obstante, los implicados realizaron las gestiones administrativas necesarias para tramitar y autorizar el pago total del contrato, pese a que el servicio no había sido aprobado ni cumplía con las condiciones establecidas.
La Fiscalía acreditó que, mediante la emisión de informes, órdenes de servicio, facturas y registros administrativos en el sistema SIAF, se dio apariencia de legalidad al desembolso, lo que permitió que se pagara la totalidad del monto contratado a favor del consultor sin que el expediente técnico hubiera sido correctamente elaborado ni validado.
Como resultado del proceso judicial, el Poder Judicial impuso a los acusados nueve años y cuatro meses de prisión efectiva, además de cinco años de inhabilitación para ejercer función pública.
Asimismo, se fijó el pago de S/ 121 588.24 por concepto de reparación civil, suma que deberá ser asumida de manera solidaria en favor del Estado.
