Mediante una auditoría de cumplimiento, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el proceso constructivo del puente Pavletich, lo que generó un perjuicio económico de S/ 4.8 millones en contra del Gobierno Regional de Huánuco. El expediente técnico estuvo mal elaborado, el contratista no acreditó la experiencia de su profesional clave y se realizaron pagos sobrevalorados.
Según el Informe de Auditoría Cumplimiento 093-2023-2-5339-AC, pese a no tener la capacidad técnica necesaria, contrataron a profesionales para elaborar el expediente técnico por administración directa. El estudio incumplía con los manuales de diseño de puentes, suelos y pavimentos; asimismo, hallaron incompatibilidades entre los metrados y presupuestos, los planos estaban incompletos y con errores, entre otras deficiencias.
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A pesar de estas incoherencias, pagaron S/ 820 730 por un expediente técnico con información incorrecta. Este presupuesto era superior al que se había programado inicialmente para contratar a un consultor, pero la adjudicación pública convocada para tal fin fue declarada desierta. Luego, la entidad decidió elaborar el estudio por administración directa.
Posteriormente, contrataron la ejecución del puente por S/ 25 295 966, pero la contratación se realizó bajo la modalidad de precios unitarios y no a suma alzada como establecía el expediente técnico. La contratación a precios unitarios resultó perjudicial para la entidad, ya que ocasionó pagos sobrevalorados a favor del contratista, lo que facilitó que los planos y metrados sean modificados durante la ejecución del proyecto.
Pagos sobrevalorados
Los tirantes metálicos (péndolas) que soportan la superestructura del puente fueron sobrevalorados en S/ 4 027 652, sin un sustento técnico y sin tener cotizaciones que acrediten el costo de los tirantes metálicos, las características de las péndolas y los planos del puente fueron modificados, lo que permitió que el supervisor y funcionarios de la entidad aprueben las modificaciones y reconozcan mayores metrados y pagos sobrevalorados a favor de contratista.
Otro hecho fue que el contratista no cumplió con acreditar la experiencia del personal clave, durante el proceso de contratación, el especialista vial y arqueólogo no cumplieron con los 2 y3 años de experiencia que se exigía en las bases del proceso y la Ley de Contrataciones del Estado. A pesar de ello la entidad firmó contrato con la empresa.
Estas deficiencias e irregularidades ocasionaron un perjuicio de S/ 4 848 382. La comisión de control identificó responsabilidad civil y administrativa en siete servidores públicos y recomendó a la Procuraduría Pública iniciar las acciones civiles contra funcionarios y servidores públicos.
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