La Comisión Especial de Control Concurrente del Congreso de la República presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra 18 gobiernos regionales por presuntos actos de corrupción vinculados a 313 obras públicas, las cuales comprometieron más de S/ 31 419 996 000 del presupuesto nacional.
El informe revela sobrecostos superiores a S/ 21 052 000 000, producto de incrementos presupuestales sin sustento técnico ni económico, que alteraron de manera significativa los montos iniciales de inversión.
Entre las regiones con mayor número de observaciones figura Huánuco, con 38 proyectos bajo investigación, lo que la ubica como la segunda región con más obras cuestionadas a nivel nacional, solo detrás de Cajamarca, que registra 43 proyectos. Esta situación ha generado preocupación debido al elevado volumen de recursos comprometidos y al impacto directo en obras destinadas a beneficiar a la población.
De acuerdo con el informe parlamentario, liderado por el congresista José Luna Gálvez, en Huánuco se identificaron proyectos cuyos costos se incrementaron en más del 1 100 %, una cifra considerada extrema dentro del análisis nacional. Estos datos colocan a la región junto a otros casos críticos como Piura, con aumentos de hasta 2 837 %, y Ayacucho, con 1 763,3 %, evidenciando un patrón reiterado de presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas.
El documento señala que este esquema de sobrecostos habría involucrado a cerca de 15 000 personas, entre autoridades políticas, funcionarios públicos y personal de empresas concesionarias. Asimismo, se advierte que los recursos comprometidos pudieron haberse destinado a sectores prioritarios como educación, salud e infraestructura básica, pero terminaron incrementándose mediante modificaciones presupuestales injustificadas.
Finalmente, el presidente de la comisión exigió que las investigaciones se desarrollen sin dilaciones ni interferencias políticas y anunció que el grupo de trabajo continuará desplazándose a las regiones, incluido Huánuco, para verificar el estado real de las obras y evitar que los informes queden archivados sin consecuencias legales.
