El Ministerio Público – Distrito Fiscal de Huánuco, a través de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Leoncio Prado – Tingo María, representada por la fiscal provincial Rosa Amelia Coral Reyna, con la participación del fiscal adjunto provincial Alberto Flores, logró que se disponga el inicio del proceso penal contra tres adolescentes identificados con las iniciales M.M.S.A. (16), A.S.O. (16) y M.V.H. (17).
Los menores son investigados por la presunta infracción a la ley penal contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado y robo agravado, en agravio de Cristian Simón Ayra (fallecido) y Precila Cecilia Sumaran Sabino.
Hechos
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron la madrugada del 14 de febrero de 2026, en el caserío Santa Rosa de Quesada, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado. Los investigados habrían planificado sustraer una fuerte suma de dinero del domicilio de la víctima, aguardando en los exteriores del inmueble portando armas de fuego.
Cuando el agraviado salió tras el llamado de su sobrino, uno de los presuntos coautores le disparó en el abdomen, ocasionándole graves lesiones que posteriormente provocaron su fallecimiento. Acto seguido, los adolescentes habrían amenazado a la conviviente del occiso con armas de fuego y un arma blanca, logrando sustraer aproximadamente S/ 17 000 en efectivo, para luego darse a la fuga.
Investigación en curso
La intervención policial permitió la ubicación y detención de los implicados, así como la incautación de dinero, prendas de vestir y otros elementos presuntamente vinculados al delito. Asimismo, se realizaron diligencias como el levantamiento del cadáver, pericias balísticas, actas de reconocimiento y declaraciones testimoniales que vincularían a los adolescentes con los hechos investigados.
Actualmente, el caso se encuentra en etapa judicial. El Ministerio Público solicitó el internamiento preventivo de los adolescentes mientras continúan las investigaciones.
La institución reafirmó su compromiso de perseguir el delito y proteger a la ciudadanía, garantizando el respeto al debido proceso y la especial protección que establece la ley para adolescentes en conflicto con la ley penal.
