Los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco resolvieron reformar el mandato de prisión preventiva impuesto a los investigados en el caso denominado “Los cuellos blancos de Sunampe”. Con ello, el alcalde Jesús Rojas Valerio y otros procesados por el delito de Colusión con agravante de ser integrantes de una organización ya no estarán 18 meses en la cárcel sino más bien 24 meses, mientras avanzan las investigaciones.

Direccionamiento por millones

A través de la Resolución N°15 se declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por las defensas técnicas de los imputados: Jesús Rojas (alcalde la Municipalidad Distrital de Sunampe), Luis Carlos Girao Atuncar (asesor legal), Óscar Junior Cornejo Quispe (gerente de Desarrollo Urbano), José Luis Castilla Munayco (gerente municipal), José Carlos Salvador Yataco (integrante del comité de selección), además de Wilber Tasayco Saravia.

Como también de los empresarios: Emerson Lévano Castilla, Boris Carlos Andia Huaranca y Carlos Ramón Castilla Yataco y José María Lévano Martínez. Asimismo, la disposición judicial dispone la medida de prisión preventiva de los investigados mencionados, con la variación del plazo. En primera instancia se había impuesto 18 meses y ahora se reforma a dos años, que vencerá el 19 de enero de 2028.

En otros de los imputados: Diana Mendiguete Villa y Luis Lujan Revatta, la resolución declara fundado la apelación. Es decir que ambos recuperarán su libertad. No obstante se les dictó mandato de comparecencia con restricciones, por lo que deberán de cumplir reglas de conductas, como: no ausentarse del lugar de su residencia, presentarse personalmente y de manera quincenal ante el Juzgado de Investigación Preparatoria a efectos de registrar su asistencia e informar sus actividades y demás disposiciones.

Como se recuerda, estas personas vienen siendo investigadas por el delito de Colusión con el agravante de integrar, presuntamente, la organización denominada “Los cuellos Blancos de Sunampe”. Según la investigación seguida por el fiscal Ted Martínez Torrico, los investigados habrían dirigido ilegalmente los procesos de contratación de obras públicas a favor de las empresas de los imputados a cambio de beneficios económicos orientados a financiar campañas electorales. Se presume 25 millones de soles es el monto aproximado del perjuicio económico.

EL DATO: Los investigados fueron detenidos el pasado 20 de enero de este año en un megaoperativo de la policía y fiscalía. En esa diligencia no se ubicaron a Luis Girao y José Lévano, quien continúan en la clandestinidad.

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