Abel William Sánchez Cahuana, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, designó al abogado Óscar Walter Arriola Lévano como procurador público municipal. El hecho, según la Gerencia Regional de Control de Ica, registra indicio de irregularidad y contraviene la normativa, puesto que dicha facultad es competencia de la Procuraduría General del Estado.
La comisión de control que observó este caso cita la resolución de alcaldía N°39-2023/MDPN de fecha 26 de enero de 2023. En este documento se designa a Arriola Lévano en el cargo de procurador de la entidad distrital, dando origen al cuestionado hecho. Esta disposición lleva además la firma del edil William Sánchez y el visto bueno de la Gerencia Municipal, Asesoría Jurídica y Secretaría General del gobierno local.
Por lo antes expuesto, se advierte que el burgomaestre “ha efectuado la designación del Procurador, pese a que dicha facultad solo le corresponde al Procurador General del Estado”. Agrega que con este acto “se infringió la legalidad de la administración pública, al contravenir normativas emitidas, y no se cauteló la adecuada defensa de los intereses de la entidad ante los Órganos Jurisdiccionales correspondientes”.
Asimismo, sostiene el órgano de control que la designación del procurador público municipal a través de la acción del actual alcalde de Pueblo Nuevo “ha generado la posible invalidez de los procesos judiciales, administrativos y arbitrales en los que éste participe en representación de la entidad”. El hecho con indicio de irregularidad fue advertido al concejo distrital a fin se adopten las acciones que correspondan.
Cabe mencionar que William Sánchez fue denunciado en marzo último ante la fiscalía por la incorporación de Óscar Arriola en su gestión. La fiscal Amando Oroz del Segundo Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha dispuso aperturar investigación preliminar contra el alcalde por la presunta comisión del delito de Usurpación de Función Pública, citándolo para rendir su declaración.
Posteriormente, el abogado Juan Pachas, requirió que se amplie la denuncia contra dicha autoridad municipal por el delito de Falsedad Ideológica, argumentando que este violentó el contenido del artículo 17, 20 y 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades al consignar, presuntamente, frases, datos falsos en el documento público. La fiscalía ante esta solicitud resolvió ampliar la investigación contra Sánchez Cahuana.
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