La familia debería de ser el núcleo protector para los niños, niñas y adolescentes. Pero, esto no siempre termina así y en el extremo más ruin de la sociedad, es allí donde se esconden los agresores sexuales y maltratadores. Este año la justicia ha confirmado la máxima sanción: cadena perpetua contra sujetos acusados de violación, que terminan siendo del entorno más cercano de las víctimas.
Casos
Este vínculo familiar -en los casos de abuso sexual- ponen al descubierto a individuos como José Cubillas Contreras, tío político de la agraviada de 13 años. Este fue denunciado de cometer el ultraje en circunstancias que la menor se encontraba sola en su domicilio ubicado en Pueblo Nuevo. En el proceso judicial que se siguió en su contra fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua. La Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco confirmó la sentencia.
Otro acusado que estará el resto de su vida en el penal es Leonardo Espinoza Tucto. La justicia determinó que este aprovechó la condición de tío político de una menor para abusar sexualmente de ella. Los hechos ocurrieron en el domicilio que tenía en Chincha Alta y también en un predio de Grocio Prado. Hay además procesos que están encaminados en fiscalía y Poder Judicial que tienen como autor a los padres de las víctimas.
En estos deplorables figura el expediente de violación sexual que tiene como acusado a Ángel Martín Laura Fajardo, policía en situación de retiro. La agraviada en este caso es su propia hija de 16 años. Ella, el 10 de marzo de 2022 fue ultrajada -según denuncia- por su progenitor. Después de este ataque confesó ante su madre el drama que había callado desde que tenía ocho años. La menor fue violentada sexualmente en varias ocasiones.
Laura Fajardo, tras la acusación, fue detenido por la policía. La magistrada Iris Anchante dictó nueve meses de prisión preventiva contra este sujeto. Pero, la medida coercitiva no se cumplió en su totalidad debido a la intervención del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte – Chincha que mediante resolución N° 2 de fecha 13 de octubre no solo ordenó que sea liberado, sino que además absolvió al denunciado.
La medida, evidentemente, desató una ola de críticas contra el Poder Judicial. El caso pasó a la Sala Penal de Apelaciones que resuelve el 6 de enero de este año anular la decisión del Juzgado Colegiado y se ordena la inmediata captura de Ángel Laura. Pero, este individuo ya no aparece. La familia de la víctima en diálogo con Correo refiere que el acusado se encuentra en calidad de reo contumaz y exigen que sea apresado y condenado a cadena perpetua.
Los hechos citados son solo algunos de los que salieron a la luz este año en Chincha, los cuales revelan que el agresor está en el entorno de las menores violentadas.
Instituciones
Esther Vilcapuma Montes del Centro de Emergencia Mujer (CEM) indica que además de la violencia sexual las niñas y niños están pasando por situaciones de maltrato físico y emocional en su propio hogar. “Ellas reconocen quienes son sus principales agresores: son sus padres”, manifestó.
Vilcapuma cuestiona estos actos y a los autores. “Lastimosamente, en el hogar que debe ser un lugar seguro, donde los menores deben tener protección, amor, seguridad, a veces no es así”, dijo.
El otro escenario, en donde se han denunciado casos de agresión sexual, son en las escuelas; llamado también segundo hogar. El último hecho ocurrió esta semana en el colegio José de San Martín del distrito de Sunampe. Cuatro niñas acusaron que eran víctimas de tocamientos por parte de su docente. El presunto involucrado fue separado de la institución, mientras las investigaciones continúan.
Rina Tataje Tasayco, jefa de la Demuna – sede provincial, señaló que se están realizando visita a los centros educativos para promover los servicios de asesoría legal y emocional que se brinda a las víctimas de violencia en cualquiera de sus tipos. Agrega que esto ha permitido ayudar a los alumnos que eran golpeados, incluso en el seno familiar. Dependiendo del nivel de agresión que se identifique los casos son derivados a fiscalía. Poner coto a los agresores depende mucho de las víctimas y muchas de ellas callan y viven amenazadas.
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