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Javier Gallegos Barrientos nunca antes sintió a la justicia pisarle los talones y respirarle en la nuca, tal como sucedió la madrugada de ayer miércoles. Antes que pasar 10 días de detención preliminar en la fría carceleta del Poder Judicial, decidió entrar en la clandestinidad.
Pasado las dos de la mañana, un contingente policial e integrantes del Ministerio Público, liderado por el fiscal provincial Alexander Pérez López, ingresó a la vivienda del exgobernador regional en la manzana B lote 10 de la Urb. Viñas de San José.
Se encontraron pocos objetos en la vivienda. Gallegos no estaba. Su esposa Mónica Guillén Tuanama, aseguró a los medios que había viajado por trabajo y se reservó el derecho de indicar dónde se encontraba.
Según el documento fiscal, el fundador del Movimiento Regional Obras Por la Modernidad lideraría la organización delictiva “Los tramitadores del GORE”, dedicada a la realización de trámites ilícitos para la obtención, revalidación y recategorización de licencias de conducir. Junto a él, figuran los exdirectores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Carlos José Martínez Hernández y Edward Alberto Amoroto Ramos.
GÉNESIS DEL CASO
La investigación se origina en razón a la denuncia virtual registrada por el ciudadano de identidad reservada “NN-M” en la plataforma digital de denuncias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 17 de enero de 2019 con el siguiente argumento.
“Desde que entró un ingeniero de Sistemas de nombre Erick García Miranda viene haciendo lo que le da la gana con los exámenes de conocimiento y reglamento de tránsito y ahora está realizando los mismos hechos ahora apoyado por el actual director de Transportes, Carlos Martínez Hernández y los corruptos de siempre, Jaime de la Fuente, José Franco Palomino (Control de calidad de impresiones), William Martínez (Encargado de impresión de licencia de conducir) y hasta el mismo director de Transportes, ya que el nexo es la secretaria Magaly Guzmán Segura, y afuera con los tramitadores “La chincha Iraida” y su hija “Pamela”, “Paola”, “La Peca” y “Ruiz”, las hermanas “Yerén” y hasta una trabajadora de un centro médico María Gracia del Virgen de Chapi, un acto de corrupción ingresan a dar sus exámenes y aprueban sin saber nada del balotario, sin saber manipular computadora”.
Cuatro años después de abierta la investigación, el Ministerio Público solicitó la detención de 21 investigados. El juez Miguel Díaz Chirinos del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, aceptó el pedido y ordenó el allanamiento, descerraje y registro domiciliario; así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
DETENIDOS
Al cierre de esta nota, se logró la detención preliminar judicial de doce integrantes de la presunta organización criminal, el restante están en la clandestinidad como Gallegos Barrientos, Martínez Hernández y Amoroto Ramos.
Los otros que están prófugos son José Antonio Franco Palomino, Mirian Nancy Yeren Oré, María Gracia Buendia Uribe, Carmen Cristina Yeren Oré, Mario Guillermo Gonzáles García y Reylinda Mercedes Yeren Oré.
Los detenidos hasta el mediodía de ayer son Guillermo Armando Salazar Espino, Jorge Eduardo Jacobo Hernández, María Yetty Mendoza Chamorro, Arsenio Miguel Asencio Luna, Guillerlo Fredy Chavez Blondet, Gladyz Jannet Picharque Choque, Jessica Elisabeth Durand Bendezú, Elidez Ostiano Ruiz Álvarez, Carmen María Lara Monge, Rosa María Lara Monge, Carlos Alberto Pardo Tenorio y Luz Leonor Yeren Oré.
Los siete primeros son trabajadores de la Dirección Regional de Transportes que ayer fue intervenida y permaneció cerrada. En tanto, Ruiz Álvarez, las hermanas Rosa María y Carmen Marí Lara Monge, eran tramitadoras al igual que Yerén Oré.
Se allanaron las instalaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del GORE Ica y las viviendas de los investigados, recabándose diversa documentación, además de incautarse dinero en efectivo de 10 mil soles, celulares, entre otros dispositivos electrónicos; los cuales permitirán el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación.
El operativo se realizó con 11 fiscales de Ica, 23 fiscales proporcionados por la Coordinación Nacional y 100 efectivos policiales, cuya ejecución se realizó en el marco de la investigación por los delitos de organización criminal, cohecho pasivo, y tráfico de influencias.
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