Muy temprano, la fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, Helen Patricia Sánchez Gutiérrez junto a efectivos de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor), intervenieron oficinas del Gobierno Regional de Ica. También la Dirección Regional de Agricultura y el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha.
Se ingresó a las oficinas de Logística, Consejo Regional de Ica y otras. Tras las diligencias que llevaron poco más de tres horas, se elaboró un solo acta de intervención.
El gobernador regional, Jorge Hurtado Herrera en diálogo con Correo señaló que la intervención fiscal tiene que ver con las diferentes obras de defensas ribereñas que se ejecutó tras la declaratoria de situación de emergencia aprobada por el Consejo Regional de Ica.
El pasado 31 de enero, los consejeros regionales aprobaron el acuerdo N° 006-2023 y se declaró en situación de emergencia por 60 días los cauces, cuencas, canales, acequias e infraestructuras hidráulicas de los ríos de la región a fin de prevenir la ocurrencia de desastres naturales por las lluvias.
Poco después, el Gobierno regional de Ica inició la contratación directa N° 002 para la ejecución de actividades de intervención por situación de emergencia en las zonas afectadas de acuerdo a las fichas técnicas preliminares.
Al final del proceso, ocho empresas se adjudicaron 20 servicios en los ríos de Pisco, Ica, Matagente, Palpa, Vizcas, Rio Grande, Nasca, Aja, El Ingenio por un valor de S/ 32 millones 977 mil 305.
DECLARACIONES
Hurtado restó importancia a la intervención y aseguró que todo está dentro del marco legal.
“Apenas se declaró la situación de emergencia yo cursé un documento a la Contraloría General de la República para el control concurrente, por ello, la Contraloría estuvo en todas las obras”, apuntó.
Añadió que si no se intervenía con antelación por ejemplo en el río El Ingenio, el distrito del mismo nombre habría desaparecido. “El desborde, la inundación hubiera sido peor y hasta el pueblo habría desaparecido”, señaló.
Hurtado reiteró que la declaratoria de situación de emergencia se basa en informes del Senamhi que pronosticaron fuertes precipitaciones que permitieron adelantar algunos trabajos.
El gerente general de la entidad regional, Abel Osorio dijo que rechazan “de manera categórica que el gobernador esté presuntamente involucrado en algún tipo de organización criminal. Deslindamos cualquier responsabiliad o intromisión de nuestro gobernador en las responsabilidades directas y las facultades que tiene el consejo regional”.
Señaló que se le brindó todas las facilidades en las diferentes áreas.
“Todos los gobiernos regionales, tienen facultades establecidas en el marco de la ley orgánica. Por ejemplo, está situación de emergencia que fue declarada, está normada, la ley te faculta. Si el Gobierno Regional de Ica no hubiese intervenido imagínese el impacto negativo, los desastres que se hubiesen causado en toda la región”, sustentó.
“La ley de presupuesto en el Art. 55 poder hacer uso de los gastos corrientes, canon, sobre canon, poder destinar casi un 20% para este tipo de intervenciones”, remarcó Osorio.