La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica ordenó la ubicación y captura a nivel nacional de varios exfuncionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) y particulares investigados por presuntamente integrar la organización criminal denominada “Los Acelerados del Sur”, dedicada al trámite irregular de licencias de conducir en la región.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.º 64, emitida el 12 de marzo de 2026, en la que el colegiado dispuso revocar la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria y dictar 12 meses de prisión preventiva contra los investigados por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.
A la cárcel
La sala estuvo integrada por los magistrados Fernando Salazar Peñaloza, Brenda Mesías Gandarillas y Orlando Carvajal Rivas, quienes consideraron que existen suficientes elementos de convicción para imponer la medida coercitiva mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público.
Entre los investigados alcanzados por la orden judicial figura la exdirectora regional de Transportes de Ica, Kenia Minerva Dongo Galindo, además de Mario Carlos Uribe Flores, Luisa María Aparcana Reyes, Marilyn Solanyela Ramos Angulo y Ronald Martín Núñez Peña. También aparecen en la lista la abogada iqueña Norka Monzón Cárdenas y el actual regidor del distrito de Los Aquijes, Luis Miguel Malqui Cavero.
Asimismo, se dispuso orden de captura contra Marco Antonio Oliveros Espinoza, Evelyn Pilar García Yerén, Rolando Rómulo Gregorio Flores, Pedro Alberto Vara Crispín, Gisela Karina Ramírez Ventura y María Elena Centeno Ñañez, quienes deberán ser ubicados por la Policía Nacional para cumplir el mandato judicial.
En el caso de Félix Antonio García Segura, por superar los 65 años de edad, la sala dispuso que cumpla la medida bajo detención domiciliaria. El mismo beneficio fue otorgado a la procesada Katty Romero Castillo Flores.
Según la investigación fiscal, la presunta organización criminal operaba desde la Dirección Regional de Transportes de Ica durante la gestión del exgobernador regional Javier Gallegos Barrientos, y se habría dedicado a facilitar la obtención irregular de licencias de conducir a cambio de pagos ilícitos.
Las pesquisas señalan que la red funcionaba mediante una estructura que incluía funcionarios, tramitadores y otros intermediarios encargados de captar a postulantes interesados en obtener brevetes sin cumplir con los requisitos establecidos. En algunos casos, se habría manipulado la programación de exámenes, certificados médicos y evaluaciones de manejo para acelerar los trámites o aprobarlos sin que los postulantes rindieran las pruebas correspondientes.
De acuerdo con la investigación, un testigo protegido habría revelado que los funcionarios implicados recibían listas con los nombres de postulantes favorecidos, quienes presuntamente pagaban dinero para obtener sus licencias de conducir de manera irregular.
El Ministerio Público sostiene que, de confirmarse los hechos durante el proceso judicial, los implicados podrían enfrentar penas que oscilarían entre seis y ocho años de prisión efectiva. Mientras tanto, las autoridades policiales han sido notificadas para proceder con la ubicación y captura de los investigados, quienes deberán ser puestos a disposición del sistema de justicia para el cumplimiento de la medida de prisión preventiva.
El caso “Los Acelerados del Sur” es considerado uno de los mayores procesos por presunta corrupción en el sistema de emisión de licencias de conducir en la región Ica, donde las investigaciones han identificado a decenas de personas vinculadas a una red que habría movido millonarias sumas de dinero mediante el cobro ilegal por trámites de brevetes.
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