La Contraloría General evidenció que en el año 2022 funcionarios del Gobierno Regional de Ica aprobaron irregularmente una retribución remunerativa excepcional (bono) para 346 trabajadores de la entidad, ya que se empleó para dichos pagos un crédito suplementario destinado a otro fin, de acuerdo a la normativa aplicable lo que generó un perjuicio económico de un millón 556 mil 807 soles.
De igual modo, se utilizó de modo indebido este dinero para el pago de subsidios por fallecimiento y sepelio, así como para vacaciones truncas o no gozadas, por un importe total de S/ 562 mil 764.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento N°049-2023-2-5340-AC, a la entidad se le autorizó un crédito suplementario, que según la Ley N°31538 tiene por finalidad exclusiva financiar la continuidad de la planilla del personal bajo el régimen laboral de los Decretos Legislativos N°1057 y N°276, así como de pensionistas y está prohibido usarlo para otro propósito.
Dinero
Ante la existencia de un saldo presupuestal, el Sindicato de trabajadores del Gobierno Regional de Ica” solicitó un bono de cabal desempeño y la entidad, pese a las prohibiciones normativas y sin la opinión técnica respectiva, aprobó a finales de diciembre del 2022 la modificatoria y acreditación presupuestal que permitió el uso del crédito en cuestión para el pago de S/ 6 500 a 167 trabajadores que se encuentran en el régimen laboral del D. L. N° 276, que incluía a dos personas que ya no tenían vínculo con la entidad, lo que ocasionó un perjuicio económico ascendente al millón 085 mil 500 soles.
En idénticas circunstancias, se concretó el pago de S/ 2 633 a 179 trabajadores vinculados a la entidad por el régimen laboral del D. L. N°1057, lo que generó un perjuicio económico de S/ 471 mil 307.
Se constató también que se gastó de forma indebida S/61 mil 686 en el pago a 17 personas cesantes y activas por el concepto de subsidio de fallecimiento y sepelio, así como S/ 501 mil 078 en el desembolso a 59 e trabajadores CAS (Cargos de confianza) de la sede central y direcciones regionales y servidores de la entidad por el concepto de vacaciones truncas o no gozadas.
Cabe precisar que en el caso están comprendidos once funcionarios con presunta responsabilidad administrativa o penal.
El resultado del informe fue comunicado al titular del Gobierno Regional de Ica para que efectúe el deslinde de responsabilidades, así como al Órgano Instructor y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, a fin de que realicen el procesamiento y las acciones penales respectivas contra los funcionarios y servidores de la entidad comprendidos en los hechos irregulares.
Pedido
A pedido del sindicato consideraron que la retribución sea atendida con los saldos de los créditos suplementarios autorizados de conformidad a los establecido en el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 31538; cuando dicho crédito fue incorporado en la genérica de gastos 2.1 del presupuesto del Gobierno Regional de Ica, exclusivamente para “financiar la continuidad de la planilla de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 y pensionistas; así como del personal administrativo del régimen Decreto Legislativo 276; por lo tanto, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 19.2 del artículo 19 de la citada, estos créditos no podían ser destinados, bajo responsabilidad, para fines distintos para los cuales fueron autorizados.
La Unidad Ejecutora 401 - Hospital San José de Chincha disponía de un crédito suplementario para financiar el tratamiento de problemas salud mental o bienestar emocional destinados a personas que se hayan visto afectadas directa o indirectamente por la COVID-19, pero fue modificado para pagarse las vacaciones truncas.
Se hizo lo propio con los créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por la COVID-19, la reactivación económica, y otros gastos de las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
Silencio
Las personas comprendidas en los hechos observados presentaron sus comentarios o aclaraciones, en algunos casos adjuntando documentación. Sin embargo, el exgobernador, Javier Gallegos Barrientos, Nilton Edilberto Hernández Roque, Walter Santos Galdós Morales, Víctor Hugo Yupanqui Altamirano y Rita Alejandra Castillo Espinoza no presentaron aclaraciones ni de forma extemporánea.
Gallegos como titular de la entidad omitió sus responsabilidades propias a su cargo relacionadas a la gestión presupuestaria, control del gasto público y la debida aplicación de las normativas presupuestales.
Según el documento de la Contraloría, Gallegos tenía conocimiento de la irregularidad y a puertas de acabar su gestión se dio un baño de popularidad entre los trabajadores.
Gallegos sostuvo una reunión pública en las instalaciones de la entidad con los trabajadores, la misma que fue transmitida en vivo con la denominación: Alta Dirección del GORE concluye reunión con los trabajadores”.
En la reunión Gallegos, dice: “...el día de hoy se cumplió con todo, no hay nada que hacer, ya. Los nombrados ya han sido pagados todos, ya están girados sus cheques así que esperen el dinero en sus cuentas, y los de CAS también está autorizado. Así que jóvenes vayan a casita a trabajar, yo a seguir quedándome para poder pagarle a los de CAS, ya mañana miren su cuenta ahí debe estar su platita”.
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