La Contraloría General de la República reveló, a través de un reciente informe, serias irregularidades en la cesión de un terreno de 1,700 metros cuadrados de propiedad del Estado a un colegio privado en la ciudad de Ica.
Cesión irregular
El predio, destinado originalmente a cubrir necesidades de infraestructura educativa pública, fue entregado a la institución particular San Francisco College mediante un convenio firmado en julio de 2022 por el entonces director regional de Educación de Ica, Carlos Medina Siguas.
De acuerdo con el documento de control, el convenio otorgaba al colegio el uso exclusivo del terreno por un periodo de 20 años, con opción de prórroga por dos décadas más. A cambio, la institución privada debía ejecutar la construcción de una losa deportiva, un anfiteatro, servicios higiénicos y un estacionamiento vehicular de 400 metros cuadrados. Sin embargo, la Contraloría enfatiza que estas obras no generaban beneficio alguno para la Dirección Regional de Educación (DRE) de Ica ni para el sistema educativo público.
El predio, ubicado en la Urb. El Oasis II etapa, fue entregado en su momento por la urbanización como aporte al sector Educación, lo que lo convierte en un bien de dominio estatal y, por lo tanto, intransferible a entidades privadas sin la autorización del Ministerio de Educación (Minedu). El informe precisa que Medina firmó el acuerdo sin contar con competencia legal ni con autorización de la entidad titular del terreno, vulnerando la normativa vigente y contraviniendo principios de legalidad y gestión pública.
Otro aspecto resaltado por el órgano de control es el incumplimiento de los plazos establecidos en el convenio. Este precisaba que las obras debían ejecutarse en un lapso no mayor de 60 días desde la suscripción del acuerdo. No obstante, el colegio inició los trabajos fuera del tiempo pactado, y pese a ello, no existió ningún tipo de fiscalización ni sanción por parte de la DRE Ica.
Durante la supervisión realizada por la Contraloría, se constató que en el terreno ya se habían levantado estructuras de fierro, columnas y un cerco perimétrico de concreto, lo que refleja un avance considerable de obras privadas en un espacio público. Además, se hallaron bolsas de cemento y maquinaria de construcción, lo que confirma que la institución educativa particular continuaba con las labores pese a la falta de validez del convenio.
El informe advierte que la cesión irregular constituye un grave riesgo para la gestión del patrimonio público, pues compromete un terreno estratégico para futuras obras educativas en una zona con alta demanda de infraestructura escolar. “Se ha puesto en riesgo el uso adecuado de un bien público que debió destinarse a atender necesidades de colegios estatales de la región”, señala el documento de control.
Asimismo, instó a las autoridades regionales a adoptar medidas urgentes para recuperar el terreno y frenar el avance de la construcción particular.
El órgano de control también advirtió la necesidad de iniciar procesos de responsabilidad administrativa, civil y penal contra los funcionarios que resulten implicados en la suscripción del convenio. En ese sentido, la actuación de Carlos Medina Siguas, en su condición de firmante del acuerdo, será objeto de especial revisión por haber favorecido directamente a un colegio privado en perjuicio del Estado.
La Contraloría resaltó que casos como este reflejan falencias en los mecanismos de supervisión y control interno de la DRE Ica, los cuales no fueron capaces de impedir ni detectar a tiempo la cesión indebida de bienes públicos. Por ello, instó a fortalecer los procedimientos de gestión patrimonial y a garantizar que los aportes de urbanización se utilicen en proyectos de educación pública, tal como lo establece la normativa.
Finalmente, el informe concluye que, pese a que la DRE Ica emitió una resolución anulando el convenio, la construcción privada ya se encuentra en marcha. En consecuencia, recomendó un trabajo articulado entre la Procuraduría del Minedu, la Fiscalía y las autoridades regionales para detener la obra y recuperar de manera efectiva el terreno, evitando que se consolide una ocupación privada sobre un predio estatal.
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