El jefe del frente policial de Ica, General Manuel Vidarte Pérrigo, brindó preocupantes declaraciones a los medios de comunicación respecto a las recientes intervenciones policiales en la región. El alto mando lamentó que varios delincuentes con antecedentes hayan recuperado su libertad, a pesar de haber sido capturados.
Serían peligrosos
Entre los casos más destacados, mencionó la liberación de Jhamir Manzanilla García, detenido el pasado 10 de julio por los delitos de usurpación de terrenos, extorsión y tenencia ilegal de armas de fuego, quien junto a otro individuo conocido como “Negro Channy”, fue puesto en libertad tras una apelación en el Poder Judicial.
Manzanilla García, presunto integrante de la banda criminal “Los Mollendo”, habría retomado actividades ilícitas, lo que ha desatado enfrentamientos entre bandas criminales. Un ejemplo reciente es el asesinato de Luis Antonio Peña Fuentes, ocurrido el 20 de diciembre en el sector de San Joaquín. Peña fue atacado a quemarropa por sujetos en motocicleta, en lo que las autoridades consideran un ajuste de cuentas vinculado a disputas por el control de negocios ilícitos.
Vidarte Pérrigo confirmó que las extorsiones han registrado un preocupante aumento en los últimos meses, y que los enfrentamientos entre grupos criminales están relacionados con la lucha por el control de estas actividades ilegales. Además, destacó la desarticulación de una presunta banda criminal liderada por “El Chino Mere”, que operaba en el sector Vivienda Digna de La Tierra Prometida.
Otro operativo significativo fue la captura de “Los Rápidos Iqueños”, una banda proveniente de El Agustino, Lima, que intentó robar computadoras de vehículos de carga valorizadas en más de $10,000 cada una en Subtanjalla. Durante la intervención policial del pasado 15 de diciembre, se incautaron armas de fuego y herramientas utilizadas para cometer robos. Sin embargo, la justicia dictó prisión preventiva para solo cuatro de los integrantes capturados con armas, mientras que los otros cinco detenidos fueron liberados por no portar armamento al momento de la intervención.
El jefe policial expresó su preocupación por estas decisiones judiciales, argumentando que no se consideró que cada integrante de la banda tenía un rol específico en los actos delictivos. Esta situación, aseguró Vidarte, complica los esfuerzos policiales para frenar la delincuencia organizada en la región y fortalecería la impunidad entre los criminales.
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